Unidos en defensa de los recursos, los gobernadores de 17 provincias, entre ellos el formoseño Gildo Insfrán, se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) de Buenos Aires y emitieron un documento sobre los fondos coparticipables que la administración del expresidente Mauricio Macri le duplicó a la Ciudad de Buenos Aires.
Los mandatarios provinciales solicitaron además ser aceptados como “amicus curiae” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Los gobernadores y las gobernadoras de las provincias argentinas manifestamos nuestra profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la intervención respecto de la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Estado Nacional con el objeto de lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden”, manifestaron.
Advierten que “las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes. No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”.
“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia –aclaran-. Las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes”.
Y recordaron que “cuando se sanciona la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos que promueve la distribución primaria y secundaria de los recursos coparticipables, existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que era financiada completamente con recursos pertenecientes al Estado Nacional. Después de la reforma de constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4% del monto total recaudado en el artículo 2 de la ley 23548 y modificatorias que fue modificado de una manera injusta e injustificada por decreto 194/2016 elevando el coeficiente al 3,75%”.
“Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 millones de pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA”, reprueban categóricos.
Y continúan: “Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros el usuarios utilizan”.
Tras ello, enumeran: “Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone”.
Tajantes, los gobernadores exclaman: “¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”.
“Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos”, exigen.
En el final del documento, dejan en claro: “Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”.
Firman: Axel Kicillof (Buenos Aires) – Raúl Jalil (Catamarca) – Alberto José Rodríguez Saá (San Luis) – Gerardo Zamora (Santiago del Estero)-Sergio Uñac (San Juan) – Gustavo Melella (Tierra del Fuego) – Alicia Kirchner (Santa Cruz) – Ricardo Quintela (La Rioja) – Osvaldo Jaldo (Tucumán)-Mariano Arcioni (Chubut)- Jorge Capitanich (Chaco) – Gildo Insfrán (Formosa) – Gustavo Sáenz (Salto) – Gustavo Bordet (Entre Ríos) – Sergio Ziliotto (La Pampa) Oscar Herrera Ahuad (Misiones) – Omar Perotti (Santa Fe).
