El profesor Marcelo Naudi, director provincial de Educación Técnica y a cargo de Educación Secundaria, se refirió al caso de abuso sexual que involucra a un docente de la EPES N° 31, quien “actualmente está preso, bajo custodia”, enfatizando que en casos como estos “la prioridad para el Estado en todos sus estamentos y en la educación en particular es la atención y el cuidado de la menor que fue víctima”.
Este hecho fue denunciado por la tutora (la madre de la alumna) ante la Policía interviniendo la Justicia, luego también la Defensoría del Pueblo para asegurar la atención a la estudiante, lo cual generó que se active toda una red de contención, según indicó el funcionario.
Sobre ello, en primer término, detalló en declaraciones a AGENFOR que “la víctima está con una atención psicológica por parte del Servicio Técnico Interdisciplinario Central (SeTIC) y de la Justicia, además de Minoridad y Familia”.
Y también el Ministerio de Cultura y Educación ya actuó en la fase administrativa, “generando la resolución que separa de la función al docente, supuesto abusador”, confirmó.
Es decir que frente a esta situación delicada desde la cartera educativa se tomaron cartas en el asunto de inmediato, “interviniendo independientemente del origen de la denuncia, ya que la misma puede ser presentada ante la Policía o una fiscalía, o bien puede ser una manifestación al interior de la escuela de cualquier docente, preceptor o directivo”, dejó en claro.
Y puntualizó: “La ley establece la obligación de los agentes institucionales de la docencia a denunciar, primero, notificar a los padres y luego actuar administrativamente para dar constancia de la situación”.
En ello, “siempre se generan dos planos: la acción administrativa contra el adulto responsable de la supuesta acción y el cuidado y la atención del estudiante, donde está centrado todo el trabajo del Ministerio de Educación”.
Y por otro lado, “está el acto administrativo que es una resolución ministerial por la cual se establece la separación preventiva de sus funciones de docente”.
En relación al SeTIC, que es un equipo de apoyo y orientación dependiente del Ministerio, transversal a todo el Sistema Educativo Provincial, dijo Naudi que “siempre, en casos como estos, se contacta con la familia de la estudiante”, acotando que en este caso particular “al ser menor necesitamos el acompañamiento y la autorización de la familia para trabajar con ella”.
En efecto, se toma al núcleo familiar “como eje del trabajo para contener, ayudar y acompañar en una situación que es muy delicada”, marcando que “queremos que se mantenga la integridad emocional y afectiva y psicológica de la víctima para que pueda seguir su vida de la mejor manera”.
Luego, en relación al abuso sexual informó que Educación no ha tenido acceso a las declaraciones que la estudiante hizo en la Justicia, “aunque habría otros involucrados también en la situación, pero nosotros no podemos actuar hasta que tengamos las precisiones o las actuaciones que la Justicia le derive al Ministerio”.
Acción administrativa
Por lo tanto, en el marco de la acción administrativa lo que sigue, “es la investigación por parte de Educación del instructor sumariante de las pruebas que posteriormente establecerá una derivación de todo lo actuado hacia la Junta de Disciplina que es la que establece la sanción, que de acuerdo a la gravedad del hecho puede ir desde la suspensión temporal y de haberes hasta la expulsión de la docencia si así corresponde”.
Recalcó asimismo que “si la Justicia establece la penalidad, Educación tiene que tomar decisiones que sean coherentes y consecuentes con esa decisión”, además una condición para el ejercicio docente establecido por el Estatuto “es estar libre de causas penales”.
El funcionario, por otra parte, lamentó que esta misma situación “se viene afrontando en diversas instituciones”.
Por eso, les trasmitió a los y las adolescentes es que “si sienten o perciben o sufren una situación de estas, pueden denunciar y el Ministerio actuará en consecuencia; ni piensen que están solos de ninguna manera”.
“El principal mensaje a toda la comunidad educativa es que cualquier adolescente que se haya sentido acosado puede expresar esa sensación aún sin tener pruebas, como para que se active el protocolo para la intervención”, esclareció.
Y volvió a repetir que la ley protege al denunciante porque “la prioridad es el cuidado del estudiante, por lo tanto, tenemos la obligación de creer en lo que él expresa en este tipo de situaciones y denunciarlo. Incluso en casos intrafamiliares”, concluyó.
