Por lo tanto, el rector y el Consejo Superior son responsables legales de la administración de los mismos
El secretario general de Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Formosa (ATUNF), Milcíades Olmedo, dio a conocer la respuesta de la Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, en el marco de la acción judicial Federal que está llevando a cabo la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) contra la SPU por la “supuesta restricción” de fondos a la UNaF.
En el informe se afirma que, al 31 de diciembre de 2022, la Secretaría de Políticas Universitarias devengó concretamente la suma total de $ 3.729.671.558,00 con destino a financiar la totalidad de los conceptos salariales y de funcionamiento. “Es en tal sentido que el Ministerio ha cumplido cabalmente con las obligaciones legales impuestas para el sostenimiento del sistema universitario nacional”, indicó Olmedo.
En ese sentido, es importante resaltar que el acompañamiento presupuestario y financiero mencionado anteriormente comprende única y exclusivamente a los acuerdos salariales que rigen para los sectores docentes y no docentes de las Universidades Nacionales.
Sin embargo, se aclara que dicho compromiso no es extensivo a los acuerdos y aumentos salariales inherentes a las autoridades superiores de las casas de altos estudios, rector, vicerrector, secretarios, etcétera.
Por otro lado, se destaca que en caso de que se verificaran incrementos salariales en dichos cargos jerárquicos, los mismos deben haber sido solventados con los recursos que a tal fin destinara la propia Universidad en pleno ejercicio de su autonomía y autarquía económico-financiera.
Asimismo, el contundente informe explicita que la autarquía es complementaria del término autonomía universitaria y por ella debe entenderse la aptitud legal que se les confiere a las Universidades para administrar por sí mismas su patrimonio, es decir, “la capacidad para administrar y disponer los recursos que se le asignará a cada una de ellas”. (La Ley t.1999-E, 384).
Por ende, sostienen desde la SPU, el rector y los miembros del Consejo Superior de las instituciones universitarias nacionales “serán responsables de su administración según su participación, debiendo responder en los términos y con los alcances previstos en los artículos 130 y 131 de la ley 24.156. En ningún caso el Estado Nacional responderá por las obligaciones asumidas por las instituciones universitarias que importen un perjuicio para el Tesoro nacional”.
Es por ello que “la UNaF actualmente no está en una situación de emergencia económica, como alegan el rector y los miembros del CS”, sostuvo el secretario general de ATUNF.
Al mismo tiempo, agregó que la UNaF está atravesando una auditoría financiera económica y administrativa “que, de arrojar irregularidades en el manejo de fondos o incumplimiento de los reglamentos o normas del Estatuto, abrirá la puerta a nuevas acciones judiciales contra el rector y los miembros del Consejo Superior”.
