El proyecto de Ley Bases, que incluye el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y el paquete fiscal del Gobierno Nacional, que ahora deben ser tratados por el Senado, “buscan entregar nuestra soberanía política y económica a intereses foráneos”, advirtió el director de Asociativismo y Economía Social, el contador Javier Capra.
“Dentro del paquete de la Ley Bases está incluido el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, algo que suena lindo, pero que en realidad es un régimen de expatriación de la soberanía nacional en materia hidrocarburífera, económica, minera, y de todos los recursos naturales de la Argentina”, dilucidó en declaraciones recogidas por Agenfor.
Y explicó que la gestión libertaria “busca a través del RIGI que grandes capitales concentrados se apropien de nuestros recursos por 30 años, trascendiendo mucho más lo que sería la competencia de este Gobierno”.
“Me hace rememorar también cómo hace ocho años atrás nos endeudaban por 100 años y ahora están entregando concesiones por 30 años”, dijo, recordando así cuando el actual ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, fue el responsable de emitir un bono a 100 años durante su paso por la gestión Cambiemos.
“No queda otra que pensar que va a ser el pueblo el que va a tener que sufrir esas consecuencias, va a tener que afrontar esa deuda –alertó-. Son los trabajadores que con este proyecto volverían a pagar el Impuesto a las Ganancias, aquellos monotributistas sociales que perderán su condición si este paquete fiscal se aprueba o las pymes que no están consideradas en ningún punto de la Ley Bases”.
A su vez, respecto del monotributo social, indicó que se trata de “un régimen que ha permitido incluir a casi dos millones de trabajadores dentro del sistema formal, asignándoles un aporte jubilatorio para que en el futuro se puedan jubilar y les ha brindado además una cobertura de obra social para el trabajador y su grupo familiar”.
Por ello, reprobó contundente que se elimine esta categoría, por cuanto “estamos hablando de 3500 pesos a precio de hoy y que tendrían que empezar a pagar 26.000 pesos, es decir un costo que no podrán afrontar, por lo que seguramente estarán en la informalidad”.
Para finalizar, aseveró que “eso no es lo que buscamos como país, sino que sean incluidos, que estén formalizados, regularizados, trabajando de una forma legal y tributando como todos los argentinos lo hacemos, pero en la justa medida y en la capacidad que cada uno puede”.
