Por Luis María Zapiola, abogado
Según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en su Artículo II describe el genocidio como un delito perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
La utilización del término por parte de la diputada provincial Gabriela Neme, en el sentido que la política sanitaria frente a la pandemia de COVID-19, por parte de la provincia de Formosa, fue “genocida”, no resiste el más mínimo análisis.
No existió la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, ni étnico, ni racial o religioso. Antes bien, las medidas se orientaron a la garantía del derecho a la vida y a la salud, fundamento de todos los demás derechos.
Muy lejos de estas execrables intenciones, se adoptaron medidas para salvaguardar la vida y la salud de nuestros comprovincianos, a tal punto que hasta diciembre de 2020 se registró un solo fallecido y a esa fecha Formosa tenía 33 internados, 29 de ellos asintomáticos.
Neme, durante muchísimos años, fue parte del Gobierno provincial, frente a la inquebrantable alianza del sector de Floro Bogado con el gobernador Gildo Insfrán.
Llegó a concejal por una de las listas del Peronismo. Pero inmediatamente pasó de aplaudir sin límites las políticas públicas provinciales durante años, a convertirse en una de las caras visibles del más feroz antiperonismo.
Dos días antes del atentado a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, zapateó en la terraza de su departamento, de la mano de Ximena de Tezanos Pinto, tristemente célebre en ocasión del intento de magnicidio.
La hoy diputada tránsfuga (ver definición de la RAE), raudamente la emprendió contra las medidas sanitarias. Para ello, amenazó con denuncias a médicos, enfermeros, trabajadores de la salud y policías. Importunó en las puertas de los centros de atención sanitaria provocando desórdenes y llevando angustia a quienes se hallaban allí internados.
Junto a un minúsculo grupo de comerciantes, hoy devenidos en políticos, y con la asesoría de abogados militantes del entonces Juntos por el Cambio, interpusieron acciones judiciales para voltear todas las medidas sanitarias provinciales.
Lo hicieron de la mano de un juez federal subrogante, Fernando Carbajal, de la misma extracción política, quien merced a los fallos que dictó, posibilitó el fallecimiento de más de 1200 formoseños en el primer semestre de 2021, reitero, contra solo uno en 2020.
Rápidamente, el “humilde juez de frontera” como se autopercibía, transmutó en candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. Perdió. Pero de un día para el otro se candidateó a diputado nacional y Neme, debió conformarse con una diputación provincial. ¿De qué sector? Juntos por el Cambio.
Durante su etapa de luchadora contra las medidas sanitarias que protegían la vida y la salud de los formoseños, la hoy diputada provincial Neme llegó a comparar los centros de atención sanitaria con los centros clandestinos de detención de la dictadura militar. Período en que sí se cometió un genocidio, como ya fue declarado repetidamente por la Justicia a lo largo y ancho del país.
Pero sobre la oscura noche de la dictadura, negó el número de 30.000 desaparecidos, basándose en los dichos de un supuesto exmilitante montonero que hoy se codea con represores de la dictadura y quien se atribuyó el “invento” del número de desaparecidos en Europa.
Hoy engaña al pueblo de Formosa apoyando una supuesta visita de la “Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación”. Falso.
Son apenas dos integrantes a título personal de dicha comisión. ¿Quiénes? El exautopercibido humilde juez de frontera Carbajal, el mismo que posibilitó con sus fallos los dolorosos fallecimientos en 2021 y la diputada Mónica Frade, la misma que en la Cámara de Diputados recomendaba tomar dióxido de cloro para combatir la COVID-19.
Los derechos humanos son asuntos demasiado serios como para dejarlos en manos de personas como estas.
