El director Provincial de Seguridad Vial de Formosa, el ingeniero Fernando Inchausti, informó que, en la última asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial realizada el miércoles 16 de octubre, las provincias expresaron “un firme rechazo a las medidas de desregulación en el otorgamiento de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), impulsadas por el Gobierno nacional”.
En el pronunciamiento los representantes provinciales manifestaron su “profunda preocupación y desaprobación hacia las recientes disposiciones”, subrayando que la flexibilización del proceso para obtener la LiNTI “constituye una peligrosa amenaza para la seguridad vial en todo el país”, calificando la medida como un intento de “priorizar la eficiencia administrativa a costa de la seguridad en nuestras carreteras, lo cual resulta inaceptable”.
Golpe a la seguridad vial
Desde el Consejo Federal de Seguridad Vial se consideró enfáticamente la importancia de la LiNTI como “un pilar esencial para asegurar que los conductores de transporte interjurisdiccional estén adecuadamente capacitados y en condiciones psicofísicas óptimas para desempeñar sus funciones”.
La eliminación de estos controles, evaluaron los representantes provinciales en el documento que refrendaron con su firma, “desencadenaría un aumento en la siniestralidad vial, comprometiendo no solo la vida de los conductores, sino también la de todos los usuarios de las rutas”.
Impacto económico y social
Inchausti también informó que en la jornada de la asamblea se analizó sobre los efectos negativos en la economía y en la competitividad empresarial.
“La desregulación creará un ambiente propicio para el transporte irregular, afectando a aquellas empresas que operan bajo las normativas vigentes y generan empleos en condiciones legales”, a lo que se suman “los daños humanos de esta política serán mucho más graves y duraderos que cualquier beneficio administrativo a corto plazo”.
Llamado a la reflexión
Finalmente, en la declaración el Consejo Federal de Seguridad Vial hizo un llamado a las autoridades nacionales y a los legisladores a reconsiderar estas decisiones, instando a que “se mantenga la obligatoriedad de la LiNTI y se fortalezcan aún más los procesos de control y capacitación de los conductores”. Se destacó así la necesidad de “tomar medidas que garanticen la seguridad vial y no poner en riesgo la vida de miles de personas por la simple agilidad de un trámite”.
