La auditora general de la Nación, la licenciada Graciela de la Rosa, expresó su fuerte oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) relacionado al nuevo endeudamiento del Gobierno del presidente Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI), argumentando que “es ilegítimo e ilegal” porque debería ser aprobado por el Congreso según la Ley Guzmán.
En declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), recordó que desde la Auditoría General de la Nación (AGN) se realizó la auditoría del préstamo stand by del 2018 que tomó el entonces presidente Mauricio Macri por 56.700 millones de dólares con el FMI, que “llegó y se adueñó de 45 mil millones de dólares”.
Ahora, consultada sobre el nuevo endeudamiento con el organismo multilateral de crédito, esta vez promovido desde la gestión libertaria nacional, manifestó que “el DNU es absolutamente ilegítimo e ilegal”, explicando que “todos sabemos que hay una ley específica, llamada Ley Guzmán, que dice que cualquier préstamo que se tome con el Fondo Monetario Internacional tiene que pasar por el Congreso Nacional y ser aprobado por una ley específica”.
Se trata de la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos), cuyo ministro de Economía era Martín Guzmán. Fue sancionada en febrero de 2021 y establece en su artículo 1 que la Ley de Presupuesto debe prever un “porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”, y que para superar ese porcentaje máximo se requiere autorización del Congreso.
A su vez, el artículo 2 dispuso que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público” acordado con el FMI, así como también “cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones”, requieren aprobación del Parlamento. Por último, instaura que los tipos de endeudamiento previstos en los dos artículos no podían ser utilizados para gastos corrientes. La norma apuntaba a evitar que se repitiera un endeudamiento con el FMI como el que se había acordado durante el Gobierno de Macri (Cambiemos).
Por otra parte, De la Rosa advirtió que el DNU es difuso, ya que no se aclara cuáles serán los montos y los plazos de los desembolsos del acuerdo, que todavía no fue firmado. Tampoco especifica los intereses a pagar.
“No da monto, ni condiciones, no habla de tasas de interés, como tampoco de plazos, o sea, no habla de nada de lo que necesita un legislador en el Congreso Nacional para determinar qué impacto va a tener eso no sólo sobre las cuentas públicas argentinas, las cuentas internacionales, el balance de pagos, etcétera, sino sobre cada uno de los argentinos”, reprobó.
Además, ahondó en una parte del DNU, donde se plantea que la operación de crédito a ser celebrada se enmarcará en un Programa de Facilidades Extendidas o Extended Fund Facility (EFF) e “incluirá el pago de los intereses y cargos en los plazos y tasas preestablecidos por el organismo de crédito para este tipo de acuerdos y el reembolso del capital del préstamo en un plazo de hasta diez años con un período de gracia de cuatro años y seis meses”.
“Cuando habla de facilidades extendidas, es el préstamo que se tuvo que tomar en la gestión de Guzmán para pagar el préstamo de Macri en 2018. O sea que seguimos pagando el préstamo de Macri y teniendo esa deuda de 45.000 millones de dólares”, dilucidó.
En ese contexto, indicó que “van a pedirle al Fondo un plazo de cuatro años para no pagar o para empezar a pagar”, lo cual significa que “la Argentina se está anticipando un default porque ya no tiene los fondos para empezar a pagar el año que viene otra vez ese préstamo de Macri y así como sigue, va a ser un préstamo de este año, que van a pagar generaciones argentinas”.
