Ante versiones que circularon en los últimos días y que tienden a generar confusión, desde la Dirección de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad informaron que el proceso de auditorías de pensiones no contributivas por invalidez laboral continúa realizándose.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) oficializó, mediante la Resolución 1172/2025 publicada en el Boletín Oficial, la derogación de la Resolución 187/2025, que establecía un nuevo baremo médico para la evaluación de invalidez laboral. Sin embargo, esta medida no implica la suspensión de las auditorías, ni modifica los procedimientos actualmente en curso.
“El proceso de auditorías sigue su curso. Hemos recibido numerosas consultas por esta confusión y queremos aclarar que quienes tengan un turno asignado deben asistir, a fin de no perderlo”, explicó Susana Jara, directora de Personas con Discapacidad.
Desde la dirección advierten que este tipo de mensajes ambiguos puede desalentar la participación en las auditorías y generar temor entre quienes dependen de este beneficio para sostener su calidad de vida. “La falta de precisión en la comunicación oficial ha derivado en versiones erróneas que, lejos de informar, confunden y ponen en riesgo derechos adquiridos”, reforzó Jara.
¿Qué es el baremo y por qué se derogó?
El baremo es un instrumento técnico-normativo utilizado por los equipos médicos para determinar el grado de invalidez de una persona, clave en la evaluación para el otorgamiento de pensiones no contributivas por discapacidad.
El baremo aprobado en enero de este año fue objeto de críticas por parte de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, quienes señalaron limitaciones técnicas, desactualización respecto a prácticas médicas actuales y la falta de una perspectiva biopsicosocial.
En ese marco, la decisión de derogar la norma responde a la necesidad de revisar y actualizar los criterios, que sean multidimensionales, que no se limiten a la evaluación clínica, sino que incorporen barreras contextuales, sociales y culturales.
“Es necesario un nuevo enfoque más equitativo y respetuoso de los derechos de las personas con discapacidad”, explicó Jara.
La Resolución 187/2025 dejó de estar vigente a partir del 14 de mayo de 2025. Mientras tanto, desde la ANDIS, aseguraron que se buscará no afectar a las personas que actualmente están siendo evaluadas o que esperan una resolución de sus trámites.
Es por ello que Jara reiteró que “las personas con discapacidad que tengan turnos para auditorías deben concurrir según lo previsto, presentar la documentación, ya que el procedimiento no ha sido modificado ni suspendido y podrían perder el beneficio si no asisten”.
“En momentos tan delicados, cuando miles de personas atraviesan procesos de evaluación que definen si continúan percibiendo su pensión, no se puede comunicar de forma ambigua. Esto es una irresponsabilidad que afecta directamente a los sectores más vulnerables”, advirtió.
