El defensor del Pueblo de Formosa, el doctor Leonardo Gialluca, aseguró que es “ilegal e inconstitucional” lo adoptado por el presidente Javier Milei, quien promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero frenó su aplicación. Lo hizo mediante el Decreto 681/2025, firmado también por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Lugones, bajo el argumento de que la norma carece de fuentes de financiamiento claras.
En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), marcó que a raíz de esta decisión “se impide regularizar este tema de las auditorías que tanto perjuicio ha causado a miles y miles de argentinos, entre ellos, formoseños del colectivo de pensionados con discapacidad, al igual que tener acceso a la parte de salud, de los medicamentos, como de la atención de profesionales que tanto ellos demandan”.
Ante la suspensión de la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el defensor del Pueblo consideró que “el Congreso de la Nación está en condiciones de iniciar, hasta si se quiere, juicio político al presidente de la Nación Milei”.
Por otro lado, en la provincia de Formosa, la Justicia Federal ordenó que se restituyeran las pensiones que se habían dado de baja o suspendidas a más de 16 mil personas, por lo tanto, enfatizó que “van a tener la posibilidad de que, en algunos casos, se les deposite los tres meses que no se les pagó o dos meses en otros casos, en forma retroactiva”.
Esto se va a dar, según indicó, en todo el territorio de la provincia de Formosa y a todos los beneficiarios, con los documentos terminados en 0, 1, 2 y 3 el 8 de octubre y el 9 de octubre aquellos en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
“Queremos aclarar que esto es para todos y también es necesario decirle a la gente de que tienen 60 días para presentar la historia clínica, es decir, los documentos que hacen a su discapacidad”, señaló y pidió especialmente cumplir con esto.
También, en ese punto, desmintió la información de que se tenga que presentar el certificado médico obligatorio digitalizado (CMO): “Eso es un error porque ese certificado se puso en vigencia en la Argentina en el 2024 y es exigible solamente para las personas que quieran iniciar una atención o que quieran reactivar una pensión, en caso de que en algún momento pudiera haber quedado suspendida. Pero esto nada tiene que ver con las auditorías”.
Entonces, recalcó Gialluca, se deberán presentar “una historia clínica actualizada y los antecedentes médicos en la ANSeS”.
Por último, opinó que el Ejecutivo Nacional “no puede argumentar la falta de fondos” para no aplicar la Ley de Emergencia por Discapacidad, ya que “están previstos en el Presupuesto”. “Lo mismo sucedió cuando dijeron que iban a auditar para eliminar aquellas pensiones que las consideran desde el Gobierno nacional irregulares, o como se las conoce o denomina truchas”, acotó.
