El secretario de Ciencia y Tecnología de Formosa, el doctor Camilo Orrabalis, cuestionó con dureza el Decreto 695/2025, que habilita la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) y aseguró que se trata de una “entrega del patrimonio nuclear argentino” y de un “sabotaje al desarrollo científico y tecnológico construido desde Juan Domingo Perón hasta hoy”.
El Gobierno nacional publicó este 30 de septiembre de 2025 el Decreto 695/2025, que autoriza la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) mediante la venta del 44% de sus acciones a través de licitación pública nacional e internacional, junto a un Programa de Propiedad Participada por el 5% adicional.
Al respecto, el doctor Orrabalis, secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia de Formosa, cuestionó con firmeza la medida, calificándola como un “plan de vaciamiento y entrega de soberanía en un sector crítico para el crecimiento del país” y advirtió que “la privatización parcial de NA-SA es una entrega del patrimonio nuclear argentino y un sabotaje a 75 años de soberanía tecnológica”.
“Desde la mirada del peronismo, la defensa de la soberanía no es negociable. Lo que está haciendo el Gobierno nacional es desmantelar un enclave estratégico que nos costó 75 años construir, desde que el general Perón fundó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)”, sostuvo Orrabalis.
Pérdida de soberanía y conocimiento estratégico
NA-SA, creada en 1994, opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse Río Tercero, pilares de la matriz energética nacional. Su privatización representa, según Orrabalis, un riesgo sin precedentes.
“Argentina es uno de los pocos países del hemisferio sur con capacidad de operación nuclear. Si NA-SA pasa a manos extranjeras, estaremos entregando el conocimiento acumulado durante décadas y quedaremos sujetos al secreto empresarial de grandes potencias. No se trata solo de energía: hablamos de nuestra capacidad de desarrollo con manos soberanas, manos argentinas y conocimiento propio”, explicó.
Un negocio desfavorable para el Estado
El Gobierno libertario justifica la medida en la búsqueda de eficiencia y reducción del déficit fiscal. Sin embargo, el funcionario advierte que la iniciativa beneficia a los privados y socializa los costos.
NA-SA alcanzó en 2024 un récord histórico de generación con 10.449.015 MWh netos de energía y mantiene superávit operativo, por lo que “entregarla es renunciar a una empresa rentable y estratégica”.
La CNEA seguirá a cargo de la gestión de residuos radiactivos, una tarea de alto costo exigida por la Ley 25.018, sin garantías de financiamiento.
Además, la transferencia del 20% del capital accionario de la CNEA a la Secretaría de Energía implicaría una pérdida de más de 300 millones de dólares para la institución.
Vaciamiento laboral y pérdida de talento
Para Orrabalis, la política de ajuste detrás del decreto esconde un objetivo más profundo: la expulsión de trabajadores.
Con salarios a la baja y condiciones adversas, más de 30 técnicos y especialistas por mes están dejando el sector, justo cuando el mundo vive un “renacimiento del uso pacífico nuclear” y demanda más recursos humanos calificados que nunca.
El rechazo desde el Congreso tampoco se hizo esperar y fue el senador José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, quien presentó un proyecto de ley que declara el desarrollo nuclear “de interés público y estratégico no enajenable” y exige “dejar sin efecto todo proceso administrativo” que modifique la composición accionaria de NA-SA.
“Instamos a toda la dirigencia nacional a defender el legado de Perón y a frenar esta entrega. La energía nuclear es una herramienta de soberanía y desarrollo que no deben dejarse en manos de quienes no quieren a la Argentina”, concluyó Orrabalis.
