Por el licenciado Faustino Duarte, presidente del Centro de Empleados Públicos de Formosa.
El gobernador de Formosa Gildo Insfrán, juntos a dirigentes gremiales del sector estatal, anuncio medidas que en forma concreta resultan en incrementos en los haberes del personal de la administración pública provincial, docentes, jubilados y beneficiarios del Instituto de Pensiones Sociales.
En un contexto de ajuste salvaje derivado de políticas instrumentadas del Poder Ejecutivo Nacional, que condiciona la vida de una gran mayoría del pueblo argentino, con mayor creciente desocupación y consecuente recesión económica, inclusive con arbitraria reducciones en aportes genuinos que deben hacerse a los Estados provinciales, la decisión de mejora salarial refleja un claro criterio de racionalidad y procura morigerar los efectos negativos en la economía familiar del trabajo estatal.
El 55% acumulado de incremento salarial no es un capricho ni un gesto demagógico. Es la respuesta concreta a un deterioro brutal del poder adquisitivo provocado por medidas nacionales que solo benefician a la especulación financiera.
Aquí, en nuestra provincia de Formosa, se defiende al trabajador estatal, al docente, al jubilado, al pensionado. Se defiende al que produce y al que enseñó a producir.
De este modo, el Gobernador ha fijado un salario mínimo garantizado de 880 mil pesos. Es una cifra que, más allá de lo económico, expresa un principio moral: en Formosa no se deja a nadie atrás. Ese es el corazón del justicialismo, el mismo que San Martín entendió cuando habló de “ser libres para ser justos” y que el General Perón sintetizó en sus tres banderas históricas.
Diferencia salarial con Nación
La comparación es contundente y desnuda la distancia entre dos modelos: Salario mínimo vital y móvil: el de Formosa es de 880.000 pesos, mientras que el de Nación es de 322.000 pesos.
Además el incremento acumulado para el empleado público de Formosa es de 55% y el de Nación 14,81%; jubilaciones mínimas en Formosa 721.600 pesos y Nación 392.666,36 pesos.
En tanto que el salario mínimo docente en Formosa es de 911.800 pesos y el de Nación 500.000 pesos.
Asimismo, la inflación proyectada a diciembre es del 28% y la caída real de la recaudación en septiembre: 9%.
Estos datos no son meros números. Son la traducción concreta de dos visiones políticas. Una que ajusta y condena, otra que protege y distribuye. Una que mutila derechos con la motosierra, otra que eleva el salario como escudo de dignidad.
El contraste es tan claro como doloroso. Mientras Javier Milei convierte al Estado en verdugo de su pueblo, Insfrán lo coloca como escudo protector. Mientras en Buenos Aires se festejan números vacíos, aquí se celebran derechos palpables. Mientras algunos hablan de déficit cero, nosotros hablamos de justicia social.
La historia juzgará estos tiempos. Y lo hará con dureza. Porque nunca fue tan evidente la distancia entre un modelo de entrega y un modelo de dignidad. Formosa eligió el segundo camino, el de la solidaridad y la comunidad organizada, el de un gobierno que gobierna para todos y no para unos pocos.
Es la reafirmación de una doctrina política que entiende y al Estado como garante de justicia social. Frente a la tormenta de ajuste que desata Javier Milei en todo el país, Formosa vuelve a marcar el rumbo con un acto profundamente justicialista: aumentar los haberes de los trabajadores y jubilados, con recursos propios y con la mirada puesta en el bienestar colectivo.
