En diálogo con AGENFOR, el defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca, confirmó que Formosa es la primera provincia que logró los pagos retroactivos de las pensiones por discapacidad suspendidas por el Gobierno de Javier Milei y, también, la que cuenta con una sentencia de fondo, dictada por el Juzgado Federal N° 2, que establece que las auditorías dispuestas por la gestión nacional deben realizarse “cumpliendo con la ley”.
“El Juzgado Federal N° 2 dictó la sentencia de fondo en el caso de las pensiones por discapacidad suspendidas en la provincia de Formosa. Esto constituye el primer fallo de fondo que ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) que cuando van a hacer las auditorías médicas a las personas que padecen algún problema, las tienen que hacer ajustado a lo que dice la Constitución Nacional, a lo que dicen las leyes de discapacidad y a lo que dicen los tratados internacionales firmados por la República Argentina”, explicó.
A su vez, señaló el Defensor, el fallo judicial indica que las auditorías realizadas en la provincia fueron “totalmente irregulares, ilegales” y que ninguno de los beneficiarios fue debidamente notificado “de manera tal que eso determinó que se suspendieran los beneficios invirtiéndose la carga de la prueba”.
“Es decir, se le obligaba a la persona a que tenga que acreditar la discapacidad cuando el Estado tiene todos los resortes con la ANSES, con la ANDis, con el Ministerio de Salud de Nación y con la colaboración que podrían haber prestado las provinciasn a través de cada uno de sus ministerios, para que se le brinde los antecedentes de cada una de las personas con discapacidad”, precisó.
Y consideró que, el objetivo de este mecanismo en las auditorias, fue que “sean las personas las que aporten los antecedentes médicos dándoles un plazo de 10 días, algo imposible de cumplir con una historia clínica actualizada”.
Ante esta situación, la Justicia Federal determinó este fallo de fondo del que ya está notificada la ANDis y quedó firme, a menos que el Gobierno nacional tome la decisión de apelarlo, lo que Gialluca catalogó como “vergonzoso”.
“Pero más allá de eso, Formosa vuelve a ser la primera provincia que tiene una sentencia de fondo donde le dice al Gobierno nacional que cuando se hagan auditorías se tienen que hacer cumpliendo con la ley”, resaltó.
Y, por otro lado, “es la primera provincia también que logró los pagos retroactivos” porque, señaló, “en comunicación con el Defensor del Pueblo de Catamarca y el Santiago del Estero en la mañana de este jueves 11, me confirmaron que, en esas provincias, el pago retroactivo no se ha dado”.
Por último, el representante de la Defensoría dijo que el Gobierno nacional tiene hasta el 27 de febrero de 2026 para regularizar esta situación y solicitó a los afectados que “se acerquen a la ANSES, a su Municipio, áreas sociales, Comisiones de Fomento, Dirección de Discapacidad del Ministerio de la Comunidad y la Defensoría del Pueblo” porque “no queremos encontrarnos con sorpresas de que se le da de baja el beneficio por no haber presentado alguna documentación”.
Por su parte, Hugo Arrúa, recientemente asumido como diputado provincial y a cargo del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), detalló que mantuvieron una reunión informativa con la Defensoría del Pueblo quien ha sido el disparador del “inicio de defensa de los beneficiarios que habían dejado de percibir sus pensiones nacionales por discapacidad”.
“Felizmente y gracias al trabajo mancomunado que hemos hecho todos, donde en este caso el IPS también, en su momento, con sus profesionales y los de la Defensoría del Pueblo, llevaron adelante un trabajo tanto administrativo, jurídico, que obtuvo fortalecimiento judicial federal y que permitió que se haya recuperado el beneficio para que cada una de estas personas”, resaltó.
Y reiteró que, en una primera instancia, para poder continuar percibiendo esta pensión “hay una obligación de parte de todos los beneficiarios de cumplimentar la documental en un plazo definido que, tengo entendido, es hasta fin de febrero”.
“Nosotros estamos atentos a cualquier circunstancia del Gobierno nacional que nos tiene acostumbrados con este tipo de acciones, de estar en la guardia constante de algunas acciones que puedan desarrollarse para impedir el continuo del beneficio”, lamentó.
Y garantizó que “estamos trabajando para defender los intereses de estas personas que por ley le corresponde. Y humanamente, sobre todo, desde ese punto de vista, nosotros estamos haciendo un trabajo para que estas personas tengan lo que realmente se merecen”, cerró.
