La diputada nacional Jimena López, del Frente Renovador, informó que presentó observaciones formales a la Resolución 484/2025 de la Secretaría de Energía, que abrió una consulta pública no vinculante sobre el valor de las tarifas de electricidad y gas natural a partir de 2026.
Según la legisladora, “no se trata de un simple reordenamiento de subsidios, sino de la instalación de un impuesto encubierto dentro de la boleta de luz y gas”, y reclamó que el nuevo esquema sea discutido y aprobado por el Congreso de la Nación.
La Resolución 484/2025 no sólo redefine quién recibirá o no subsidios, sino que también fija el sendero de los precios mayoristas de referencia para la energía. De acuerdo con la información oficial, a partir de su implementación sólo habrá dos categorías: “hogares con subsidio” y “hogares sin subsidio”, con acceso al beneficio restringido a familias cuyos ingresos no superen tres Canastas Básicas Totales, hoy equivalentes a $ 3.641.397 mensuales, y que además cumplan determinados criterios patrimoniales.
“El Gobierno anuncia que siete millones y medio de hogares van a pagar sin subsidios. Pero cuando lees los documentos, lo que hacen en realidad es redefinir qué significa ‘no estar subsidiado’”, señaló López.
El punto más crítico no es sólo quién queda dentro o fuera del esquema, sino qué significa “sin subsidio” en el nuevo diseño.
El informe técnico oficial que acompaña la resolución proyecta que en 2026 el componente “sin subsidio” (usuarios de mayores ingresos y consumos excedentes del bloque básico) pagará alrededor del 103,4% del costo mayorista de la energía. Es decir, más que el costo real, justificando esa diferencia como “contribución a costos fijos del sistema, infraestructura y programas de eficiencia”, marcó.
“La trampa está en la definición. La gente cree que ‘sin subsidio’ es ‘me cobran lo que sale’. Pero el propio documento oficial dice que a esos usuarios les van a cobrar por encima del costo para financiar obras de infraestructura. Eso no es una tarifa, es un impuesto encubierto dentro de la boleta de luz y gas”, denunció la diputada.
López también cuestionó que, mientras se avanza con este esquema, el Gobierno disolvió el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) mediante el Decreto 234/2025, fondo que se financiaba con cargos contenidos en las facturas de electricidad.
“Tal vez muchas familias no lo saben, pero ya están pagando infraestructura eléctrica en cada boleta. El Gobierno sigue recaudando un cargo para infraestructura a pesar de que liquidó el fondo de transporte eléctrico y la obra pública en energía está prácticamente paralizada. Ahora encima reconocen que al usuario sin subsidio le van a cobrar más del 100% del costo para financiar obras que no se hacen. Es hacer pagar dos veces a la gente por una infraestructura que no ve”, subrayó.
La diputada advirtió además que el nuevo esquema “desconoce la realidad energética del país”. El criterio de tres canastas básicas totales y los consumos base se definen de manera prácticamente homogénea, sin contemplar las diferencias climáticas entre NOA, NEA, Centro y Patagonia; las provincias donde la mayoría de los hogares se calefacciona sólo con electricidad; ni la informalidad y estacionalidad de los ingresos en el interior del país.
“Es un esquema pensado desde el Ministerio de Economía para un país que no existe. Un modelo único de subsidios para realidades completamente distintas. El resultado va a ser gente del norte y del sur pagando tarifas impagables por no encajar en la foto que ven desde el Palacio de Hacienda”, advirtió.
López también recordó que la propia Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio estableció que las facturas de servicios públicos no pueden incluir cargos ajenos al servicio contratado por el usuario.
“Primero dictan una resolución diciendo que en las boletas no se pueden esconder extras, y ahora usan el renglón ‘energía’ para cobrar por encima del costo y financiar otros conceptos. Es una contradicción evidente dentro del propio Ministerio de Economía”, señaló.
La diputada cuestionó que el Gobierno nacional pretenda legitimar estas definiciones sólo con una consulta pública administrativa de 15 días, cuando la Corte Suprema, en el fallo “CEPIS”, ya estableció la necesidad de instancias de participación robustas en materia tarifaria.
“Una consulta online que dura unas semanas, que casi nadie conoce y que además es no vinculante, no puede reemplazar una audiencia pública seria, ni mucho menos el debate en el Congreso. Si insisten con avanzar por esta vía, no sólo vamos a discutirlo políticamente: vamos a analizar todas las vías jurídicas, incluida la judicialización, porque hay serias dudas de razonabilidad y transparencia”, sostuvo.
Finalmente, la diputada del Frente Renovador remarcó que “no estamos en contra de revisar los subsidios: estamos en contra de que el ajuste se esconda adentro de la factura y se haga sin control democrático. Las tarifas no pueden convertirse en el nuevo sistema de recaudación paralelo del Estado. Este esquema tiene que venir al Congreso, discutirse de cara a la sociedad y corregirse para que no castigue a la clase media y a las regiones más vulnerables del país”.
