El proyecto que presentó el senador nacional libertario Francisco Paoltroni, solicitando la intervención federal de la provincia de Formosa, generó un amplio rechazo en diversos sectores de la sociedad, al considerarlo “infundado” y un “atropello” a la soberanía popular y a la institucionalidad.
Por medio de un comunicado oficial, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) se expresó sobre la presentación que hiciera el senador de La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni en el Congreso Nacional pidiendo la intervención federal de la provincia de Formosa, enfatizando que “las diferencias respecto a las políticas públicas locales, el debate político y las tensiones partidarias no justifican amenazas ni avances que vulneren la plena vigencia de las autonomías provinciales”.
“Nuestra Nación se caracteriza por ser una República representativa y federal, principios que se sostienen en la división de Poderes como base fundamental de su organización política”, inicia el texto suscripto por la presidenta de la FAM, Marcela Ruiz, y el secretario general, Christian Fabio.
En ese contexto, remarcaron que “el respeto a la autonomía de las provincias es esencial para el pleno funcionamiento del Estado Constitucional de Derecho”, motivo por el cual la intervención federal en una provincia “sólo puede considerarse como una medida excepcional y extraordinaria”, explicando que la misma “está prevista en la Constitución Nacional para casos específicos en los que se prive a la ciudadanía, en el ámbito local, del acceso a la Justicia, a la educación primaria o no se garantice el régimen municipal”.
En cambio, subrayaron que “las diferencias respecto a las políticas públicas locales, el debate político y las tensiones partidarias no justifican amenazas ni avances que vulneren la plena vigencia de las autonomías provinciales, como se ha intentado desde algunos sectores en el contexto del proceso de reforma de la Constitución de Formosa”.
Señalaron, en ese sentido, que “corresponde que, a través de los canales institucionales, se evalúe, en su caso, la validez y legitimidad del texto constitucional provincial, conforme a los mecanismos y principios vigentes”, recordando, a su vez, que la declaración de inconstitucionalidad de las normas “es facultad exclusiva” del Poder Judicial.
Además, invocó las afirmaciones del Colegio de la Magistratura y de la Función Judicial de Formosa, que clarificó sobre la cuestión: “El respeto por la Constitución Nacional, el fortalecimiento del federalismo y la vigencia del Estado de Derecho imponen rechazar toda iniciativa que, sin fundamento jurídico suficiente, pretenda alterar el normal funcionamiento de las instituciones provinciales. La solidez institucional se construye dentro del marco constitucional, nunca por fuera de él”.
Finalmente, desde la FAM abogaron por “un diálogo maduro y constructivo que permita superar cualquier conflicto, siempre sobre la base de los valores democráticos que quienes asumimos funciones públicas debemos fortalecer día con día”.
