Desde diciembre de 2023 a la fecha, la factura de energía eléctrica subió más del doble que la inflación. El impacto no fue uniforme: mientras Mendoza superó el 400%, Formosa figura entre las que menos actualizaron. Pero eso no significa que no sufrieron el impacto de las decisiones de quitar los subsidios nacionales que golpeó en todo el país.
Cuando Javier Milei asumió la Presidencia en diciembre de 2023, los argentinos pagaban el 40% del costo real de la energía que consumían. El resto lo financiaba el Estado. Dos años después, según un estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), el precio de la luz acumuló un aumento del 597%, más del triple que la inflación y los salarios registrados.
El secretario de Energía, Daniel González, lo defendió con números ante el Congreso Nacional: “Es un cambio de paradigma en los números fiscales”.
Desde enero de 2026 entró en vigencia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que eliminó la segmentación en tres niveles de ingreso y estableció solo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. El corte es duro: unos 140.000 hogares de ingresos medios perdieron directamente el beneficio.
Para quienes mantuvieron el subsidio, la bonificación del 50% arrancó con un plus extraordinario del 25% en enero de 2026 que se reduce dos puntos por mes hasta desaparecer en diciembre. El resultado, según el economista Nicolás Arceo, es que incluso los hogares de ingresos más bajos enfrentan aumentos del 20% promedio en 2026, por la reducción en los bloques de consumo subsidiado.
El mapa provincial: los extremos de una Argentina desigual
La tarifa tiene tres componentes: el precio mayorista y el costo de transporte que fija Nación y el Valor Agregado de Distribución (VAD) que define cada provincia. Esa autonomía, ejercida con ritmos muy distintos, generó que hoy un mismo consumo mensual pueda implicar una factura seis veces mayor según el lugar del país.
Mendoza con 400% de incremento promedio, es el caso más extremo hacia arriba: lidera el ranking con las boletas más altas del país. Su ente regulador no solo trasladó puntualmente cada ajuste del precio mayorista nacional, sino que actualizó el VAD provincial en febrero de 2026 con un incremento adicional del 6,9%. En el otro extremo, Formosa y Santa Cruz figuran entre las que menos actualizaron sus cuadros tarifarios provinciales. Sin embargo, sus usuarios fueron afectados por los incrementos nacionales y por quita de subsidios, que opera igual en todo la Argentina.
Buenos Aires (interior) aplicó desde marzo de 2026 subas de entre el 12% y el 17% en la factura final y se vienen nuevos aumentos en mayo. Chaco por su parte, enfrenta además una presión adicional: la empresa SECHEEP pidió una recomposición del propio VAD provincial con un aumento del 61%, argumentando que entre enero de 2024 y diciembre de 2025 los salarios del sector crecieron 207% mientras el cuadro tarifario de distribución quedó desfasado. Su presidente, José Bistoletti, lo planteó en términos de sostenibilidad del servicio: la facturación actual apenas cubre el 62,5% de los costos de la empresa.
Formosa está liberando otra batalla: reclamar que el bloque subsidiado de 550 kWh para zonas muy cálidas del NEA —obtenido tras gestiones de los gobernadores del norte— se extendiera más allá de febrero de 2026, cuando la normativa nacional preveía bajarlo a 150 kWh en pleno verano
El presidente de REFSA, el ingeniero Fernando De Vido, fue directo sobre quién tiene la responsabilidad: “Ni REFSA ni la provincia de Formosa son responsables de los elevados costos en la generación y transporte de la energía. Es una política fijada por el Gobierno nacional. Nadie puede condenarse a vivir mal porque la energía viene muy cara”.
La boleta que no para de crecer
Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), desde diciembre de 2023 la canasta completa de servicios públicos aumentó 597% en el AMBA, contra una inflación acumulada del 154%: una brecha de más de 400 puntos. En julio de 2025, una familia tipo del AMBA destinaba $193.329 por mes solo en servicios.
La política del Gobierno nacional de ajuste mensual indexado por inflación seguirá, al menos, hasta 2030. Para los funcionarios provinciales que deben explicar las boletas ante sus vecinos, la respuesta es casi siempre la misma: “fue el Gobierno nacional”. Y en buena medida, tienen razón.
