A través de una nueva disposición, el Gobierno nacional limita el derecho al pase libre de colectivos, vulnerando un derecho que ellas tienen así como también trasplantados y pacientes oncológicos.
Tras la decisión de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, publicada en el Boletín Oficial de la Resolución 28/2026, de eliminar el régimen de compensaciones económicas que la Nación pagaba a las empresas de transporte por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, advirtieron que con esta medida el Gobierno del presidente Javier Milei las deja totalmente desprotegidas.
Como consecuencia de que se restringe el derecho al pase libre que lo tienen estas personas como también trasplantados y pacientes oncológicos, ya que el Estado deja de reembolsar a las empresas el costo de los pasajes.
Por ese motivo, tanto Gustavo Miers, jefe de Educación Especial, como Florencia Santa Cruz, presidenta de la Asociación “Caminos Azules” TEA Formosa, lamentaron que “es muy atroz el ajuste que lleva adelante Milei porque carece de toda empatía con aquellas personas que necesitan de esa ayuda y esa presencia del Estado nacional, por distintos motivos”.
Incluso, advirtieron que ellas “no se merecen este tipo de maltrato” por parte de la administración libertaria que también está incumplimiento con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Ante ello, “estamos todavía impactados con esta noticia”, sostuvo Santa Cruz, preocupada por lo que esto significa para las familias con personas con discapacidad.
En ese sentido, señaló que “antes el Gobierno era el que se hacía cargo de estos pasajes gratuitos, pero ahora, al quitar los subsidios a las empresas de colectivos, éstas deberán hacerse cargo de los derechos de estas personas”, lo que consideró “indignante y preocupante porque ahora qué harán las familias”.
Agregó Miers que “el pase libre es un derecho de las personas con discapacidad”, objetando que esta medida del presidente Milei “tiene un alto contenido de riesgo para ellas” dejándolas desprotegidas, generando una desazón en las familias angustiadas porque nuevamente estas personas resultan ser variable de ajuste, cuando se trata de una población vulnerable a la que más atención y acompañamiento se debe ofrecer desde el Estado nacional.
