El ahora suspendido rector incorporó a su esposa a la planta permanente del personal no docente de la casa de estudios, en el Agrupamiento Administrativo Categoría 1°, sin sustanciar el concurso que exige el Decreto PEN N° 366/06 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).
El juez federal N° 1 de Formosa, el doctor Pablo Morán, se refirió al procesamiento sin prisión preventiva que dictara contra el rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Augusto Parmetler, y de su esposa, Zully Rivero, en el marco de una causa que investiga nombramiento ilegal, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en esa casa de estudios.
En ese sentido, el magistrado esclareció que “es una causa en concreto contra una persona, en este caso el profesor Parmetler, quien ejerce el cargo de rector de la UNaF, en base a una denuncia que fue tomada por la fiscalía, que la investigó y formuló una acusación”.
Tras evaluar la prueba ofrecida y luego de que hayan sido llamados a prestar declaración indagatoria los involucrados, “con la prueba reunida”, se dictó el procesamiento de Parmetler, así como también de Rivero. Además, ambos fueron apartados temporalmente de sus cargos por 90 días.
Esta medida, reiteró, fue dispuesta “contra ellos como personas, no contra la institución universitaria, ni pretendiendo inmiscuirse en cuestiones vinculadas con la vida interior de las Universidades”.
Se trata de “un procesamiento sin prisión preventiva del señor Parmetler en orden al delito de proposición y nombramiento ilegal para un cargo público previsto en el artículo 253, primera parte del Código Penal, en concurso ideal con abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, precisó.
Y agregó: “Todo esto en concurso real conforme al artículo 248 y concordantes del Código Penal, en carácter de coautor en relación al hecho ocurrido el 28 de julio de 2020, cuando designó sin concurso, es decir a dedo, a su señora esposa”.
En el caso de Rivero, explicó que “el tipo penal es otro, ya que se la ha procesado por el delito de aceptación ilegal de cargo público, también reprimido en el artículo 253 del Código Penal, pero en el segundo punto”.
