Una reciente resolución de la Justicia de Salta aporta nuevos elementos al debate sobre las denuncias de presunta persecución contra productores rurales.
El Juzgado Civil de Tartagal dispuso ampliar a más de 21.800 millones de pesos el embargo preventivo sobre dos catastros ubicados en el departamento San Martín, en el marco de una causa por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo.
La medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal salteño ante los reiterados incumplimientos de un acuerdo de recomposición ambiental homologado en 2018. Informes técnicos incorporados al expediente señalaron la falta de avances en las tareas de restauración, además de la continuidad de actividades productivas incompatibles con las restricciones judiciales vigentes.
Según la resolución, el nuevo monto del embargo busca garantizar los recursos necesarios para una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental. Desde la Procuración General de Salta también se advirtió sobre maniobras procesales que habrían demorado el cumplimiento efectivo de las obligaciones asumidas por los responsables.
El caso vuelve a poner en discusión los alcances de los controles ambientales y el cumplimiento de las resoluciones judiciales, en un contexto donde dirigentes como Francisco Paoltroni y Atilio Basualdo han planteado públicamente la existencia de persecuciones contra determinados sectores productivos.
