Además se defendió el aporte fiscal de los productores.
El Gobierno de Formosa, a través del ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, intimó formalmente a la Dirección Nacional de Vialidad a ejecutar en diez días corridos tareas de dragado y desobstrucción en las Rutas Nacionales 11 y 95.
La gestión provincial presentó evidencia técnica satelital que demuestra que la falta de mantenimiento en alcantarillas transforma a los terraplenes federales en un tapón artificial que amenaza con anegar más de un millón setecientas mil hectáreas productivas, cortar accesos a comunidades y desabastecer centros urbanos.
El reclamo desmonta la excusa presupuestaria tras la admisión oficial de que Nación retiene y desvía los fondos del Impuesto a los Combustibles que pagan a diario todos los formoseños.
De esta manera, en el marco del plan preventivo articulado para resguardar la seguridad de las poblaciones urbanas y la continuidad de los sistemas productivos frente al ciclo hidrometeorológico de El Niño, el Gobierno provincial remitió una intimación técnica e institucional perentoria al Administrador General de Vialidad Nacional, ingeniero Marcelo Campoy, con copia al Distrito 22 a cargo del ingeniero Víctor Ramón Padilla. La Provincia exigió la inmediata movilización de cuadrillas y equipamiento para despejar los conductos y desagües de las Rutas Nacionales 11 y 95 en toda su extensión formoseña.
Certeza científica e informe satelital: anticipación frente al desfasaje estacional
La intimación provincial se sustenta en un exhaustivo análisis geoespacial elaborado por los equipos técnicos del Ministerio, en estricta consonancia con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Estos organismos confirmaron que la fase cálida de El Niño presenta una probabilidad superior al 80% de intensificación en primavera y 96% de persistencia hacia el verano 2026 y 2027.
En la región, el fenómeno se caracteriza por un desfasaje donde los pulsos de lluvias intensas y las crecidas de los ríos transfronterizos se concentran a partir de septiembre. Frente a esta ventana temporal crítica, el Estado provincial coordinó relevamientos anticipados para evitar daños prevenibles sobre la matriz económica y el tejido social, requiriendo a las autoridades nacionales el cumplimiento estricto de su contraprestación operativa.
El terraplén de rutas nacionales como dique artificial: amenaza directa para el interior
La topografía de Formosa se define como una llanura con un suave gradiente regional cuyo escurrimiento natural discurre de Noroeste a Sudeste hacia los ríos Paraguay y Bermejo. En esta configuración morfológica, los terraplenes de las Rutas Nacionales 11 y 95 interceptan perpendicularmente los corredores hídricos y esteros naturales.
Los modelos satelitales confirman que la provincia cuenta con 1.714.700 hectáreas (22,6% de la superficie provincial de suelo sin masa hídrica) en condiciones de alta susceptibilidad a excesos hídricos, de las cuales el 78% se ubica en grandes bloques continuos adyacentes a ambas rutas.
La colmatación de alcantarillas por falta de limpieza hace que las vías nacionales actúen como un dique o tapón no planificado, embalsando masas de agua que no solo saturan el suelo y ponen en riesgo el rodeo y las cosechas, sino que socavan los cimientos de caminos vecinales, amenazan con aislar parajes y pueblos e interrumpen la logística de alimentos frescos y mercancías hacia las principales ciudades.
Recursos para rutas tras la confesión del desvío de fondos del Impuesto al Combustible
La presentación formoseña neutralizó jurídicamente cualquier justificación basada en la supuesta escasez de fondos. Recientemente, el vocero presidencial Adrián Ravier confirmó de forma pública que el Poder Ejecutivo retiene y no transfiere los recursos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos fijado por la Ley 23.966, utilizándolos de manera arbitraria para solventar otros gastos centrales en lugar de asignarlos a la conservación vial.
En este sentido, el Ministro aseguró que “cada productor agropecuario, transportista, comerciante y vecino formoseño abona rigurosamente ese tributo específico cada vez que carga nafta o gasoil. Resulta inaceptable que el Gobierno nacional perciba tales ingresos de la comunidad y luego pretenda excusarse en la falta de presupuesto para omitir el desmalezado básico y la apertura de alcantarillas, quien cumple con sus obligaciones fiscales tiene el derecho legítimo de exigir que las rutas estén en condiciones operativas y seguras”.
Delimitación estricta de responsabilidades por falta de servicio
Además, agregó que “conforme al Decreto Ley 505/58 y otras normas, la custodia, el libre escurrimiento y la transitabilidad de la red troncal nacional constituyen una obligación legal primaria e indelegable de la Dirección Nacional de Vialidad”.
Y marcó que “la provincia dejó formalmente asentado que todo daño ocasionado por anegamientos derivados del efecto tapón de las rutas, incluyendo pérdidas agropecuarias, mortandad de hacienda, rotura de caminos y cortes de transitabilidad urbana, constituirá una falta de servicio objetiva imputable a la negligencia de las autoridades viales federales, reservándose el Estado provincial y los productores afectados, el derecho de accionar en los fueros correspondientes”.
