Una empresaria rosarina denunció que una inversión rural promovida por el entonces intendente de Las Lomitas, hoy diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA)-Formosa, derivó años después en una causa judicial por presuntas estafas y otras irregularidades.
La situación judicial del diputado nacional Atilio Basualdo se agravó en las últimas horas luego de que la investigación que tramita en el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de Formosa avanzara con una serie de imputaciones que incluyen tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, falsedad ideológica y uso de documento falso, defraudación mediante el abuso de firma en blanco, coacción, estafa y fraude contra la Administración Pública, entre otros, en el marco de una controvertida operación de compra-venta de un campo ubicado en la localidad de Las Lomitas.
Cabe recordar que Paula Inés Paganti había manifestado que confió en el exjefe comunal lomitense para una operación inmobiliaria y terminó imputada en una investigación judicial que también alcanza al actual diputado, quien habría ofrecido a la empresaria un campo fiscal y presionado a los tenedores del campo para que vendan.
“Le entregué 40 mil dólares a Atilio Basualdo para que realizara la compra y hoy me encuentro involucrada en una causa por estafa. Es una situación gravísima y un daño enorme para mi imagen”, señaló y agregó que el actual legislador nacional libertario “me insistió mucho para realizar esa operación y terminó en una presunta estafa”.
Según explicó, el entonces jefe comunal se encargó personalmente de la negociación y del manejo de los fondos destinados a la operación.
El expediente Nº 001479/26, que tramita ante el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 4 de Formosa, coloca al actual diputado nacional libertario en el centro de una investigación que busca determinar cómo se desarrolló la operatoria inmobiliaria y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados.
Mientras la causa continúa avanzando, la Justicia deberá establecer si existieron conductas compatibles con los delitos imputados y determinar las responsabilidades correspondientes en una operación que, según la denunciante, comenzó como una inversión rural y terminó convirtiéndose en una presunta estafa con derivaciones sobre el patrimonio público.
