El ministro de Desarrollo Humano, Dr. Juan Carlos Atencia, expresó su preocupación por las modificaciones propuestas y remarcó la necesidad de preservar los derechos de los pacientes, la responsabilidad del Estado y las particularidades de cada provincia.
El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, manifestó su preocupación ante el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, impulsado por el Gobierno nacional, al advertir que las modificaciones propuestas presentan inconsistencias jurídicas y operativas que podrían afectar las garantías de los derechos humanos, la atención comunitaria y el funcionamiento de los sistemas sanitarios provinciales.
En ese marco, el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, expresó la posición del Gobierno provincial mediante un comunicado institucional en el que se detallan las principales observaciones técnicas y jurídicas al proyecto de reforma.
Al respecto, el funcionario expresó: “La salud mental es un derecho humano fundamental y, como tal, debe ser garantizado por el Estado. No podemos acompañar modificaciones que impliquen retroceder en derechos adquiridos o trasladar a las familias responsabilidades que corresponden al sistema público de salud”.
Entre los aspectos cuestionados se encuentran los cambios en los mecanismos de control judicial de las internaciones prolongadas, las nuevas exigencias impuestas a los familiares de los pacientes y las restricciones que podrían afectar las tareas de fiscalización de los organismos encargados de proteger los derechos humanos.
Asimismo, el documento advierte sobre la sustitución del concepto de padecimiento mental por el de afección o trastorno de salud mental, una modificación que podría limitar el alcance de la protección legal y el acceso a la atención de personas en situaciones de vulnerabilidad psicosocial.
Atencia recordó que durante la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), realizada el pasado 14 de septiembre, las autoridades sanitarias provinciales plantearon observaciones al proyecto de reforma, principalmente porque no contemplaba las particularidades y necesidades de las distintas jurisdicciones del país.
En ese sentido, sostuvo: “Cualquier modificación de la legislación nacional debe construirse desde una mirada federal, teniendo en cuenta las realidades de cada provincia y garantizando los recursos humanos, presupuestarios y de infraestructura necesarios para su implementación. No se pueden imponer nuevas obligaciones sin asegurar las condiciones para cumplirlas”.
Por otra parte, el ministro advirtió que el proyecto presenta contradicciones en la redacción de determinados artículos y ambigüedades en los plazos establecidos para procedimientos vinculados con las internaciones, por lo que consideró necesario revisar estos aspectos antes de avanzar con su tratamiento legislativo.
En esa línea, reafirmó la importancia de sostener un modelo de atención integral, interdisciplinario y comunitario, basado en el respeto a la dignidad humana, la inclusión social y la presencia activa del Estado.
“Defender la salud mental también significa defender la justicia social, la igualdad de oportunidades y el derecho de cada persona a recibir una atención digna, sin importar dónde viva ni cuáles sean sus condiciones económicas”, concluyó el ministro.
