La modalidad itinerante facilita el acceso a derechos mediante el trabajo conjunto con instituciones locales, en el marco de las políticas de inclusión del Gobierno provincial.
En el cierre del Mes de la Inclusión, la Dirección de la Junta Evaluadora de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Humano regresó a Clorinda con su modalidad itinerante. La actividad se realizó el viernes 30 de octubre en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio 1° de Mayo, donde se concretaron 75 atenciones vinculadas con el inicio de trámites y la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La directora del organismo, la licenciada Lis Yanacón, destacó que la jornada fue organizada mediante la articulación con la Municipalidad de Clorinda, el Hospital Distrital local, los centros de salud aledaños y el Ministerio de la Comunidad.
Según explicó, este trabajo coordinado permitió acercar nuevamente las políticas públicas sanitarias del Modelo Formoseño a la población y dar respuesta a las gestiones relacionadas con la certificación de la discapacidad.
La intervención forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Formosa, conducido por el gobernador Gildo Insfrán, para promover la inclusión y facilitar el acceso a los servicios públicos en todo el territorio provincial.
Sobre las características de esta tarea, Yanacón explicó que la Junta cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de medicina, psicología, trabajo social y kinesiología. Este abordaje permite evaluar las situaciones de las personas que solicitan el certificado, mientras que la coordinación con las instituciones locales facilita la organización de las jornadas territoriales.
La modalidad itinerante acerca las evaluaciones a las comunidades y permite realizar las gestiones sin necesidad de trasladarse a la Capital provincial. De esta manera, contribuye a reducir las barreras geográficas que pueden afrontar las personas con discapacidad y sus familias.
Cabe recordar que el CUD es un documento público de validez nacional, cuya tramitación es voluntaria y gratuita. Permite acceder a derechos y prestaciones contemplados en la legislación vigente, entre ellos, la cobertura de prestaciones de salud relacionadas con la discapacidad y la gratuidad del transporte público terrestre. Su otorgamiento depende de la evaluación de una junta interdisciplinaria.
