Son para cubrir cargos en el poder judicial y el Ministerio Público en distintas provincias.
El oficialismo consiguió este jueves 28 los votos, en el recinto del Senado, para aprobar los 33 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales, para cubrir vacantes en el Poder Judicial y del Ministerio Público en distintas provincias argentinas.
El jefe del interbloque de senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos, José Mayans, aseveró que el oficialismo buscó ratificar que el Senado “tiene atribuciones constitucionales” para aprobar los 33 pliegos, al defender el mecanismo de designación de magistrados establecido por la Constitución Nacional.
A la vez, cuestionó a la oposición por respaldar una decisión administrativa inconstitucional de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió remover de su cargo a la jueza Ana María Figueroa por llegar a los 75 años de edad, pese a que la magistrada fue postulada por mensaje del Poder Ejecutivo en tiempo y forma y de acuerdo con las normativas vigentes.
“En ninguna parte de la Constitución Nacional dice que la Corte puede designar o remover jueces. Esa es una prerrogativa del Poder Ejecutivo”, replicó el formoseño.
“Es gravísimo lo que ha pasado acá, por una decisión administrativa bajan a una jueza de una cámara”, bramó Mayans y apuntó que, con esa resolución, “la Corte Suprema está violando la Constitución Nacional”.
Acusó a la oposición de hacer oídos sordos a la jugada ilegal del máximo Tribunal y, en cambio, cerrar los ojos con el escándalo de Lago Escondido, donde jueces, fiscales, un funcionario porteño y hasta un exagente de inteligencia participaron de un viaje a la finca de un magnate británico en el sur, costeado por empresarios de medios.
Recordó, además, la lamentable decisión del alto Tribunal de reponer la ley derogada del Consejo de la Magistratura. “El Consejo de la Magistratura está basado en una ley muerta. No les da vergüenza”, desafió el senador peronista a los opositores, que en general habían fundamentado su rechazo al referido pliego en la determinación de la Corte.
“A cuarenta años de democracia, estamos con una Corte sometida al poder económico”, sentenció y advirtió: “Nosotros no delegamos la potestad en la Corte”.
Previamente, se había quejado de la persecución judicial de la que viene siendo objeto la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, recordó el intento de magnicidio contra la dos veces jefa de Estado, y denunció que, como corolario, ahora “le niegan la justicia a una ciudadana que fue dos veces presidenta de la Nación”, al no investigar el atentado en forma debida.
La presidenta de la comisión de Acuerdos y vicepresidenta del interbloque del FdT, Anabel Fernández Sagasti, respaldó el mecanismo de designación de jueces, fiscales y defensores públicos y afirmó, respecto a los postulantes propuestos por el Poder Ejecutivo, que se cumplió con todos los pasos del procedimiento constitucional.
Cuestionó a la Corte por “inmiscuirse en prerrogativas que la Constitución Nacional le confiere al Senado de la Nación” y dijo, en relación al caso Figueroa, que no es la primea vez que la Cámara Alta aprueba un dictamen luego de que un postulante haya cumplido los 75 años, e incluso ocho meses después de ingresado el pliego.
“Ha pasado durante este período y el periodo anterior de Mauricio Macri y todas las fuerzas políticas los hemos votado”, afirmó.
Explicó, luego, el complejo proceso de designación de jueces, que implica concursos ante el Consejo de la Magistratura, la designación de una terna, la selección y designación por parte del Poder Ejecutivo, el envió al Senado y la realización de audiencias públicas. Todo un largo proceso que deben transitar los candidatos. Y destacó que “la cobertura de estas vacantes va a posibilitar el acceso a la justicia a miles de ciudadanos de la República Argentina”.
La presidenta el bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio, reclamó respeto a la oposición del “pensamiento político de quienes estamos en este cuerpo”, en lugar de denostar y atacar a quien opina distinto, sobre todo porque los senadores y las senadoras fueron elegidos por el voto popular, señaló.
También se refirió al caso de la jueza Figueroa y remarcó que su pliego no fue retirado por el Poder Ejecutivo, que por manda constitucional es el que tiene la facultad de proponer o retirar los postulantes a ocupar cargos en el Poder Judicial.
Dijo que la misma Constitución, a la vez, le confiere al Senado la prerrogativa de “aprobar o no a un candidato, en este caso una magistrada que acaba de cumplir 75 años”.
Luego, reflexionó: “Hay una cosa que me preocupa un poco, porque hay una especie de rendición ante un poder que es el Poder Judicial de la Nación de parte del poder político que es el Poder Legislativo”. Sostuvo que la oposición para dispuesta a entregar “como nada” una prerrogativa del Senado.
“Creo que en este cuerpo -prosiguió- hay una rendición incondicional a (Fernán) Saguier y a (Héctor) Magnetto”, apuntó la senadora bonaerense.
