El trabajo, elaborado sobre datos del INDEC, sostiene que el 52,9% de pobreza de 2024 no fue una herencia sino la consecuencia de la megadevaluación decidida por Javier Milei en diciembre de 2023.
El INDEC publicó los datos de pobreza del primer semestre de 2026: el 32,3% de las personas está bajo la línea de pobreza, 4,1 puntos más que seis meses atrás. Un informe elaborado por Politike advierte que es la segunda suba de la gestión Milei, y la primera desde que el Gobierno hizo de la baja de la pobreza su principal bandera social.
El informe resaltó que, para leer bien el dato, hay que volver al punto de partida: la devaluación del 118% que el ministro Luis Caputo a dos días de asumir, acompañada de la liberación de precios. Milei recibió una pobreza del 41,7% —esa es la herencia—, pero en el primer semestre de 2024 la cifra escaló al 52,9%, con más de 5 millones de nuevos pobres.
Por eso, según el documento, cuando la Casa Rosada celebró en 2025 “la disminución más significativa de los últimos 20 años”, se comparaba contra el techo que ella misma había provocado. El trabajo lo define como una estrategia típica del populismo de derecha: provocar un daño y luego sostener que se lo reparó. Y agrega que la baja posterior se apoyó en el atraso cambiario, el endeudamiento externo y el cierre de pymes, y se midió con una canasta de 2004 que subestima tarifas, alquileres y transporte.
En el primer semestre de 2026 esa recuperación se agotó: los ingresos de las familias crecieron 8 puntos porcentuales por debajo del valor de la canasta básica. El golpe fue más fuerte en el Noreste, donde la pobreza saltó 8,8 puntos en un semestre —más del doble que el promedio nacional— hasta el 41,5%, con Gran Resistencia como el aglomerado más pobre del país (48,6%).
Formosa, en cambio, tiene la menor pobreza de la región (29,9%) y es el único aglomerado del NEA por debajo del promedio nacional, pese a haber sufrido como pocas el shock inicial: a la devaluación se sumaron la eliminación de la obra pública nacional y el recorte total de las transferencias por fuera de la coparticipación. El informe atribuye ese resultado a las decisiones contracíclicas del Gobierno provincial, que financió con fondos propios los programas y las obras que la Nación abandonó.
El documento subraya que la pobreza depende del empleo, de los ingresos reales y de la distribución de la riqueza, un factor que suele quedar invisibilizado. En los tres, Formosa muestra resultados: la desocupación bajó al 4,8% —la más baja del NEA, frente al 7,9% nacional— y no por desaliento, sino porque se crearon puestos de trabajo; los salarios estatales aumentaron 55% en 2025 contra una inflación del 31,5%, y en 2026 ya acumulan un 29%; y la provincia tiene una de las mejores distribuciones del ingreso del país. El índice de Gini por su parte, que mide la desigualdad en Formosa es de 0,30 frente a 0,42 del promedio nacional, lo que la ubica entre las jurisdicciones con mejor distribución del país.
El contraste con los modelos exportadores es elocuente. Politike sostiene que la exportación de granos, minerales e hidrocarburos genera pocos puestos de trabajo por cada dólar exportado y concentra la renta en los dueños de la tierra, las grandes exportadoras y las empresas extractivas.
El derrame que se promete no llega: el resultado son economías que exportan mucho, con grandes concentraciones de riqueza y muchos excluidos. Santa Fe y Córdoba explican casi un tercio de las exportaciones argentinas, pero Gran Santa Fe tiene 38,6% de pobreza y Gran Córdoba 31,1%; Chaco exportó más de U$S200 millones y, sin embargo, Gran Resistencia encabeza la pobreza del país con 48,8%. Exportar genera divisas, pero eso no garantiza inclusión: la diferencia la marca un Estado que sostiene el empleo, protege el salario y distribuye la riqueza, lo que existe en Formosa.
Para concluir, el informe sostiene que la pobreza en Formosa bajó por políticas públicas concretas del Gobierno provincial. Formosa no es una isla, resume el trabajo, pero tiene anticuerpos: 24 años de superávit sostenido, desendeudamiento y un modelo de provincia que prioriza la distribución del ingreso, el empleo y la contención social.
