La controversia generada por las últimas declaraciones públicas de la abogada Gabriela Neme alrededor del menor de edad expuesto públicamente ha puesto en el centro de la escena mediática graves acusaciones contra la actuación estatal y judicial. Sin embargo, la reconstrucción del expediente contrapone este relato con datos concretos del proceso.
Al respecto, la ministra de la Comunidad de la provincia, licenciada Gloria Giménez, enfatizó: “Desde el Estado provincial nuestra tarea es proteger los derechos de todas las personas en situación de vulnerabilidad, queremos que se investigue no solo por este niño, sino por todos los niños, adolescentes y adultos mayores que reciben atenciones por parte del gobierno provincial”.
Contrariamente a las versiones difundidas en plataformas digitales, el ingreso del menor a la Residencia Socioeducativa se efectivizó por orden judicial escrita, como consecuencia de sus propias manifestaciones de vulneración de derechos en su seno familiar: en la escuela Santa Catalina Labouré de la ciudad de Clorinda, las autoridades educativas habían detectado alteraciones de conducta y lesiones corporales en el niño.
En el marco del proceso protectivo del menor, el juzgado interviniente notificó en reiteradas oportunidades a la madre para que realizara un tratamiento psicológico y psiquiátrico a fin de evaluar las condiciones de revinculación. Sin embargo, estas pautas terapeuticas no fueron cumplidas de la forma requerida.
Sobre estos intentos de revinculación, la licenciada Giménez remarcó que “en varias oportunidades se insistió en la revinculación con su progenitora, pero la misma debía acreditar estudios psicológicos y psiquiátricos en el Hospital de Clorinda, que no fueron sostenidos en el tiempo”.
Según consta en el expediente, el equipo interdisciplinario del cuerpo médico forense del juzgado de Clorinda concluyó “que la mamá no estaba en condiciones de salud para hacerse cargo a su hijo en este momento”, señaló la Ministra.
Por otra parte, dando cumplimiento a los principios de protección integral y participación activa, el niño fue escuchado personalmente por la psicóloga y la Asesora de Menores de Clorinda.
En dicha audiencia, el menor manifestó su deseo de residir con su abuela materna. Atendiendo a su petición y en resguardo de su bienestar, actualmente se encuentra en la provincia de Corrientes bajo el cuidado de su guardadora. En dicha jurisdicción ya fue incorporado al sistema educativo formal, realiza actividades deportivas y recibe atención médica integral.
Frente a los cuestionamientos públicos difundidos por la doctora Gabriela Neme respecto de un supuesto adormecimiento o «dopaje» del menor durante su permanencia en la residencia socioeducativa, la información obrante en el expediente acredita que el niño se encontraba bajo un tratamiento multidisciplinario y de seguimiento a cargo de profesionales de la salud del Ministerio de Desarrollo Humano, destacándose la intervención de un psiquiatra pediátrico.
Asimismo, ante las acusaciones relativas a supuestos maltratos o castigos dentro del hogar, la ministra Giménez desestimó categóricamente tales afirmaciones.
“Nosotros realizamos evaluaciones permanentes a los cuidadores y capacitaciones vinculadas al trato de los niños alojados, sin que de esas instancias surgieran elementos que acreditaran violencia institucional”, especificó.
En cuanto a las versiones que aludían a la presunta concurrencia de menores alojados en instituciones a eventos externos con funcionarios, los registros institucionales ratifican que no existen elementos ni constancias de que ningún niño o adolescente haya sido retirado de las residencias para participar de situaciones de esa índole.
Ante la gravedad e impacto de estas afirmaciones mediáticas, la ministra Giménez se presentó ante la Justicia impulsando una notitia criminis. De este modo, la funcionaria solicitó la investigación formal de los hechos vertidos en los medios y puso todas las actuaciones del organismo provincial a entera disposición del proceso judicial.
En la actualidad, el seguimiento y acompañamiento del menor y de su guardadora está a cargo del organismo de protección de derechos de la provincia de Corrientes, en labor articulada y permanente con el Juzgado de Menores de Clorinda y los órganos de niñez de ambas jurisdicciones.
“La sociedad tiene derecho a conocer qué ocurrió, pero ese derecho no puede traducirse en una exposición permanente de un menor ni en convertir acusaciones todavía sujetas a investigación en hechos definitivos. La verdad deberá surgir de las pruebas, las pericias y las actuaciones judiciales. Porque detrás de cada declaración y cada acusación hay un niño cuya intimidad y bienestar deberían estar por encima de cualquier interés personal o disputa partidaria”, concluyó.
