La Defensoría del Pueblo, realizó una encuesta tendiente a medir el impacto de las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno Nacional para disminuir entre un 10 y un 15% los precios de las ofertas de contado.
Efectivamente la Secretaría de Comercio de la Nación, con la rúbrica de su titular Miguel Braun, publicó el martes pasado la Resolución 51 – E/2017, la cual se aplicará desde el 1 de febrero de éste año. La norma, para todo intercambio de bien o servicio, obliga a que, cuando los precios se exhiban financiados deba indicarse el precio de contado, el precio total financiado, el anticipo si lo hubiere, la cantidad y monto de cada una de las cuotas, la tasa de interés efectiva anual aplicada y el costo financiero total. El artículo 2º añade que quienes comercialicen productos y/o servicios bajo la modalidad de venta financiada en cuotas, no podrán incluir en sus anuncios, publicidades o mensajes, bajo cualquier forma de difusión (oral o escrita, radial, televisiva o por internet, entre otras) la frase «sin interés» (o cualquier otra similar), cuando el costo de financiación del producto o servicio sea trasladado al precio de venta al consumidor, como sucedía hasta el momento.
Asimismo se dispuso que la información del costo financiero total de la operación deba colocarse en una ubicación contigua al resto de las variables informadas, en una tipografía en color destacado de idéntica fuente y tamaño al menos cinco veces mayor al que se utilice para informar la tasa de interés efectiva anual aplicada y/o la cantidad de cuotas y/o su importe. La norma también prohíbe efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado o efectivo, o en un solo pago con tarjeta de débito, de compra, de crédito u otros medios electrónicos de pago, una práctica común actualmente en algunos comercios. Según se anunció desde el Gobierno Nacional las medidas buscan transparentar los precios y confiaron en que se lograrán rebajas para las ventas en un pago. Por su parte, el monitoreo realizado por la Defensoría determinó que los usuarios y consumidores formoseños aún desconocen la referida información o, en su caso, la consideran confusa.
Es por ello que el Ombudsman, José Leonardo Gialluca, adelantó que desde el Organismo de la Constitución, se promocionará la difusión de la misma, invitando a la Subsecretaría de Defensa del Usuario y Consumidor, a hacer lo propio pero, fundamentalmente, se instará a la Secretaría de Comercio de la Nación a dar la más amplia difusión de sus decisiones, así como a velar por el cumplimiento de las mismas, brindando a la gente las herramientas necesarias para la defensa del derecho a la información mediante los procedimientos adecuados, ante la desinformación que perjudica a sus intereses patrimoniales. En este sentido, aseguró que se trabajará conjuntamente con los inspectores del área de comercio a los fines de denunciar incumplimientos, más allá de lo que pueda hacerse desde la esfera federal en nuestra Provincia, que hasta ahora viene siendo muy poco.
