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El abogado Williams Dardo Caraballo, explicó por qué falló la sesión especial en el Concejo Deliberante de Pirané el viernes pasado y cuáles son las leyes que no se respetaron por parte del bloque que responde al intendente saliente Juan Zaragoza.

“Desconozco el trasfondo político de lo que está pasando en el Concejo deliberante de Pirané, lo que pude leer en los medios es que fracasó la sesión preparatoria del viernes 6 y por lo que denunciaban los concejales que deberían ingresar porque fueron electos el 16 de junio y proclamados como tal por el Tribunal electoral permanente”, sostuvo.

Y siguió: “Lo que señala la ley, es que la sesión preparatoria tiene como finalidad y es a los efectos de conformar el nuevo cuerpo donde participan los concejales que continúan con mandato, es decir que están a la mitad de su mandato y los que se incorporan. Con esos legisladores se hace la sesión preparatoria”.

Pero lo que sucedió en Pirané, contrario a la legislación, es que quisieron participar en la sesión concejales cuyos mandatos terminan el 10 de diciembre, “o sea que no tiene sentido ni razón jurídica ni política que participen de la sesión preparatoria aquellos concejales que finalizan sus mandatos”.

“Me parece que hay un error de aplicación de la Ley 1028 orgánica de municipio y también la constitución provincial. Hay un régimen municipal en la carta magna donde prevé distintas situaciones que se dan en los municipios, a veces por la paridad política, por las legitimas aspiraciones de cada concejal de presidir el cuerpo, en los concejos cuando había números pares existía la posibilidad de que se dé un empate entre las fuerzas políticas para nominar el presidente que es el reemplazante natural del intendente”, argumentó.

Y agregó que esta ley, del año 92, en su artículo 179 inciso 6, dice que en caso de paridad en la elección del presidente, asumirá la presidencia el edil más votado de la lista triunfante de la última elección, es decir del 16 de junio pasado.

“Cuando se reforma la constitución provincial en el 2003 se incorpora este articulo, con lo cual se consagra con rango constitucional, para que funcione el órgano deliberativo del poder legislativo municipal consagra una solución de carácter político jurídico para que los concejales tengan autoridades si no se ponen de acuerdo”, manifestó.

Y aclaró: “En último caso hacer un planteo al superior tribunal de justicia que tiene competencia originaria en los conflictos de poderes. Yo creo que en este caso no hay un conflicto de poderes como tampoco lo hubo en el concejo del Colorado pero son cuestiones de interpretación que se repiten recurrentemente en la capital e interior”.

Por otro lado, dijo que el actual presidente Itu Galeano, es una persona “reconocida por su trayectoria deportiva” y que “desconozco los vaivenes de su pertenencia política”.

“Pero con esta maniobra es funcional al intendente Zaragoza, sin duda alguna, porque al pretender sesionar con concejales que expiran su mandato el martes es evidentemente para favorecer o instalar en la presidencia a un edil o representante del ‘zaragozismo’, pero lo más grave es que primero se reúnan y le tomen juramento al intendente electo y después que pasen a discutir las cuestiones que hacen al cuerpo”, indicó Caraballo.

Y aseguró: “Es contrario a la ley de municipio, lo que torna nula a la sesión preparatoria si hacen participar a los concejales que tienen mandato hasta el año 2021 con los que terminan su mandato el martes, no tiene sentido que elijan autoridades para el mandato que vienen”.

En ese sentido, expuso que es de sentido común que el presidente coincida políticamente con el intendente, ya que este hace de interino cuando no está el primer mandatario municipal.

“Sabemos que Zaragoza se presentó en las últimas elecciones con un partido distinto, el Frente Amplio Formoseño y perdió las elecciones y debe aceptar. Sería una imprudencia alentar este tipo de situaciones o de escenas de patoterismo”, aseguró.

Por último, consultado por posibles irregularidades de parte de la gestión del actual intendente, el abogado relató que cada concejo deliberante debe remitir, por mes, al Honorable Tribunal de Cuentas, todas las ordenanzas que se traten de gastos que genera el municipio.

“Así que si hay alguna cuestión pendiente de rendición de cuentas o de justificar o alguna documentación que respalde un gasto que falta, el Tribunal hará la observación pertinente y en muchos casos la denuncia penal de los funcionarios”, sentenció.