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El Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, expresó que, a más de las medidas coyunturales adoptadas por el Gobierno Nacional para contrarrestar los efectos de la crisis, las cuales considera tardías e insuficientes, expuso la necesidad del dictado de una norma, Ley y/o DNU por el presidente que, de manera urgente autorice u ordene acciones que incidan directamente sobre la afligente situación que atraviesan cerca de un millón de niños de todo el país que acuden a comedores comunitarios y se encuentran en riesgo de desnutrición.

Hoy hacen falta casi $32.000 para no ser pobre: la Canasta Básica aumento un 50% en los últimos 12 meses y para cubrir la misma y no quedar por debajo de la línea de la pobreza, una familia integrada por dos mayores y dos niños necesitó en junio de $31.934,44, según lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Estos valores marcaron un aumento de 2,5% en relación a mayo, un 25,3% desde que comenzó 2019 y un 50,6% en los últimos doce meses. El idéntico grupo familiar requirió $12.773,78 para adquirir la cantidad mínima de comida que integra la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y no caer por debajo de la línea de indigencia. El valor de esa Canasta en junio aumentó 2,9% por sobre la de mayo, 25,3% en el primer semestre y 57,3% respecto a junio del año pasado. Por otra parte, un estudio realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad de La Plata, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dio cuenta que la reducción de la pobreza extrema en Argentina puede llevar hasta 20 años.

En este sentido el funcionario provincial destacó que coincide plenamente con la solicitud de un centenar de organizaciones sociales que reclaman la medida, habiendo instalado más de un millar de ollas populares, la mayoría en ciudad autónoma y otras en el resto del país, merced a la recepción de donativos de gente que aún les alcanza para comer y que aportan lo poco que tienen porque comprenden que social, moral y humanamente no se puede permitir que más del 40 % de los menores que concurren a los comedores comunitarios se encuentren en “riesgo nutricional”.

En el marco de una crisis económico social que resulta fulminante para muchos, los que han perdido sus puestos de trabajo y hoy no tienen para llevar el pan a sus mesas, en un contexto en que ni siquiera les alcanza para comprar los alimentos con valores exentos de impuestos, pues no tienen un centavo, dado que sus empleadores se han visto obligados a despedirlos pues también, como ellos, son víctimas de desacertadas medidas económicas e irracionales tarifazos adoptados por el Gobierno Nacional.

El cual, a manera de provocación, aumentó el sueldo a sus funcionarios en un 20%, mientras se abandonan los deberes de tutela constitucionales de los argentinos, educación, alimentación, seguridad y se destruye la salud pública, especialmente a las obras sociales estatales, siendo que cientos de medicamentos ya no pueden ser adquiridos a bajos precios por los jubilados o pensionados.

Por ello, subrayó el Ombudsman Provincial, es que apoyamos la iniciativa de que el Gobierno Nacional dicte una norma que contemple la creación de un Consejo Nacional de la Emergencia Alimentaria, integrado por tres representantes de la Casa Rosadas, tres por las Provincias y tres de los movimientos sociales, mesa que deberá garantizar el cumplimiento de las necesidades nutricionales de niños, niñas y jóvenes de cero a 14 años de edad en situación de vulnerabilidad que padezcan de desnutrición o malnutrición. Asimismo, que el Consejo a ser creado elabore un mapa territorial que identifique precozmente las situaciones vulnerables y ofrezca estrategias alternativas mediante el fortalecer de los programas alimentarios, suministrando de manera directa y sistemática los alimentos. Estimamos que esta medida, debe tomarse de manera inmediata, antes que tengamos que lamentar consecuencias irreparables. –