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La Defensoria del Pueblo procedió en el día de ayer a llevar a cabo un exhaustivo relevamiento del vaciadero municipal ubicado en el barrio San Antonio, determinando la necesidad de que se normalice la situación en cuanto al tratamiento de residuos domiciliarios.

De la tarea tomaron parte el Ombudsman Provincial, Jose Gialluca junto al representante de Defensoría del Pueblo de Nación en Formosa, Julio Néstor Santander y el Asesor Letrado, Alejandro Ballesteros, además del director de Gestión Ambiental de la Municipalidad, Heriberto Cáceres.

Desde el Organismo de la Constitución, se pudo constatar que “la actual gestión municipal no está haciendo un correcto tratamiento de los residuos domiciliarios, trabajando en forma desordenada y sin ninguna planificación, llegando inclusive con estas acciones a perjudicar gravemente a la Planta de Tratamiento de Residuos Patológicos que depende del ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia y la cual en este momento ve disminuido su posibilidad de funcionar correctamente, pues los camiones que transportan la basura domiciliaria la arrojan sobre la avenida Alicia Moreau de Justo que pasa al frente de la misma, habiéndose destruido alambrados y obstruido desagües desde hace meses”.

Gialluca también se reunió con varias personas que se encontraban dentro del predio del Vaciadero Municipal, y se dispuso pedir formalmente la intervención de las autoridades competentes, pues todas estas personas no pueden encontrarse asentadas en el lugar donde su integridad psicofísica permanece en constante peligro.

Por último, se interpuso una formal denuncia contra la Secretaria de Servicios Públicos de la Municipalidad a cargo del Ing. Alberto Rodríguez y contra la Dirección de Gestión Ambiental a cargo del doctor Heriberto Cáceres a los que la Defensoría del Pueblo los emplazó para que en el término perentorio de cinco días contados  a partir de la recepción de la citada, normalicen el tratamiento de residuos domiciliarios, se abra para los vecinos la avenida antes mencionada y no se permita el asentamiento y tampoco el ingreso de personas que no pertenecen al Municipio dentro del vaciadero, caso contrario se iniciaran las acciones judiciales civiles y penales que correspondan.