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“Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intime al Estado Nacional a dar cumplimiento a su propio fallo, bajo apercibimiento de aplicarle astreintes”, subrayó la fiscal de Estado de Formosa, la doctora Stella Maris Zabala, luego de que el máximo tribunal haya establecido que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias.

Cabe recordar que a principios de este mes la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti (el ministro Carlos Rosenkrantz votó en disidencia), dispuso cautelarmente que los costos fiscales de la aplicación de los Decretos N° 561/19 y 567/19 del Poder Ejecutivo Nacional y de las Resoluciones Generales AFIP N° 4546/19 y N° 4547/19 sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.

Según explicó la fiscal Zabala, “recientemente nos reunimos en Buenos Aires, en la Comisión Federal de Impuestos, los ministros de Economía del país y el Foro Fiscal Permanente de Fiscales de Estado de la República Argentina que preside Formosa”.

“Después de la reunión, los fiscales de Estado hemos adoptado, por supuesto en consulta con los gobernadores de las provincias, concurrir inmediatamente a la Corte Suprema para pedirle al máximo tribunal que intime al Estado Nacional a dar cumplimiento a su propio fallo, bajo apercibimiento de aplicarle astreintes (sanciones valuadas en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial)”, enfatizó la funcionaria.

Apuntó a su vez que “en caso de que la Nación continúe con la desobediencia, que se saquen copias y se giren a las actuaciones a la Justicia Penal competente ante el incumplimiento del funcionario nacional que corresponda de la orden de la Corte”.

“Todo esto lo hacemos porque hemos visto que el Estado Nacional se ha presentado en la Corte Suprema haciendo un pedido de aclaratoria”, manifestó la fiscal Zabala, remarcando categórica que “creemos ya que no hay que aclarar absolutamente nada porque el máximo tribunal fue muy preciso en las instrucciones que impartió”.

Apuntó en ese sentido que “además el Gobierno Nacional ha pedido una reunión con los gobernadores para tratar de hablar sobre esta cuestión, cuando también los tiempos de hablar ya han pasado, por eso pedimos que la Corte tome urgente intervención y haga cumplir su propio fallo”, finalizó.