Piden a nación decretar emergencia tarifaria para frenar la crisis desatada por los tarifazos

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Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, consideraron al -Programa Subsidio Provincial- a la energía eléctrica como una medida que permitirá aliviar la economía familiar de los sectores más vulnerables de nuestra provincia y castigados por los tarifazos energéticos implementados por el Gobierno Nacional y que vienen causando gravísimos problemas en todo el País.

El Ombudsman José Leonardo Gialluca informó que con el transcurrir de los días los distintos sectores con competencia en la materia irán ilustrando con mayores detalles todo lo relativo a este nuevo -Programa de Subsidio Provincial-.

“Para ello, mantendremos reuniones de trabajo con el EROSP y también con la distribuidora REFSA de manera que el esfuerzo económico que hace el Gobierno Provincial, vaya a parar a quienes realmente más lo necesiten, pues no nos podemos olvidar que al haber eliminado el Gobierno Nacional la Tarifa Social de más de 68 mil familias formoseñas, es ahora el Estado Provincial el que debe salir con fondos propios del tesoro local a dar la contención social necesaria ante una situación económica general complicada por la inflación y los permanentes aumentos en los alimentos, medicamentos y servicios esenciales que son impulsados desde la presidencia de Mauricio Macri”.

Desde el Organismo de la Constitución en este mismo sentido se señaló que “hemos pedido al Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, al Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, que “decreten la emergencia tarifaria para aliviar el peso de los fuertes incrementos en la energía eléctrica y eliminen el IVA de las facturas al 0% para los usuarios residenciales y comerciales durante toda la vigencia de la emergencia”.

Gialluca resaltó que “fundamentamos esta petición en que el Gobierno Nacional, insiste con continuar aumentando las tarifas en un contexto económico con una inflación anualizada del 50%, con tasas de interés que han alcanzado más de un 75%, con una pérdida del poder adquisitivo de los salarios del sector público y privado gravísima y a ello debemos sumarle una devaluación del orden de más del 100%”.