Conforme la modalidad establecida desde la anterior gestión presidencial, febrero es el mes en el que trabajadores y empleadores, por intermedio de sus diferentes nucleamientos, negocian en paritarias los porcentajes de incrementos salariales, en virtud del retroceso de los ingresos de los trabajadores frente a la inflación la cual, en 2016, rondó el 40 %.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, como organismo de Defensa de los Derechos Colectivos de los Usuarios y Consumidores formoseños, sostienen que “las alzas de salarios será siempre insuficiente si el Gobierno Nacional no despliega políticas activas, tendientes a frenar la escalada de precios que parece no tener fin”.
Alude que “para el próximo mes se anunció oficialmente una suba en el costo de la energía y en marzo los combustibles elevarán sus valores, nuevamente, luego de que lo hicieran en el mes de enero. Combustibles, Energía y Salarios, son tres componentes esenciales en la producción de bienes y servicios, por lo que la proyección es que continúe la espiral inflacionaria, de no mediar una intervención directa del Estado Nacional sobre determinados factores que la causan”.
En este sentido, el Defensor José Leonardo Gialluca, expresó que “se espera que la designación de las nuevas autoridades surgidas luego de la disolución del ministerio de Economía el cual se desdobló en las carteras de Hacienda y Finanzas, a cargo de Nicolas Dojovne y Luis Caputo, implique un cambio de rumbo en el “dejar hacer” que se está permitiendo a los grandes grupos económicos que manejan el mercado nacional, política que no está dando resultados positivos y que de ninguna manera puede hacerlo, pues los usuarios y consumidores muy poco podemos hacer frente a los oferentes de bienes y servicios que fijan los costos de los mismos a su antojo”.
En este sentido, el funcionario remarcó que “los argentinos ya vivimos políticas de estado que han permitido la liberación de los mercados y nos han llevado a la más cruda emergencia política, social y económica que padeció el país. Es por ello que desde la Defensoría se continuará insistiendo en que el Estado Nacional marque presencia en la defensa del salario, contra la especulación, mediante la aplicación de medidas que tutelen los intereses patrimoniales de los formoseños, por ser ello una obligación que le cabe, conforme el Art. 42 de nuestra Constitución Nacional”.
