Durante los 10 primeros meses del 2025, la coparticipación de Formosa tuvo una baja del 10,6% ($200.297 millones) en comparación con el mismo período del 2023, en términos reales.
A su vez, la Nación sigue incumpliendo sus compromisos con el envío de fondos para la caja jubilatoria provincial y con la continuidad de obras de infraestructura con convenios ya firmados para rutas, desagües y cloacas; misma situación se vio con el abandono en las transferencias para docentes, comedores, comunidades originarias, entre otros conceptos, los cuales deben ser afrontados con recursos provinciales.
En los primeros 10 meses del 2025, la gestión nacional de Javier Milei resultó en $200.297 millones menos de coparticipación para los formoseños en términos reales, si se compara con el 2023. La pérdida en la coparticipación tiene como factor principal una actividad económica en baja a raíz de las medidas nacionales que se traducen en menos recaudación de impuestos.
En medio de este panorama hay un incumplimiento de las transferencias no automáticas, que representan infraestructura paralizada, falta de mantenimiento de rutas nacionales, escuelas y menos fondos para salud, entre otros conceptos. Si se toman transferencias totales reales, la provincia recibe menos que hace dos años.
En un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), se señala que las transferencias automáticas por coparticipación a la provincia por habitante cayeron de $3.522.722 a $3.167.088 entre 2023 y 2024.
Si bien, el informe analiza 2023 y 2024 donde el promedio indica que los fondos per cápita registraron un aumento, el análisis resulta metodológicamente débil y sesgado, ya que omite considerar el volumen total de recursos transferidos, una variable clave, dado que Formosa recibe hoy menos dinero que hace dos años representando una caída del 10,60%.
Esta situación representa un golpe al federalismo, la coparticipación se ve directamente afectada por políticas restrictivas de la gestión de Javier Milei, la caída del consumo que provoca una baja en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el gravamen coparticipable más significativo. Esta caída a nivel nacional se traduce directamente en una menor transferencia de fondos por coparticipación hacia las provincias. Esta merma en la coparticipación dificulta severamente la capacidad de las administraciones provinciales para financiar sus gastos corrientes, impulsar proyectos de desarrollo y sostener políticas públicas esenciales, impactando negativamente su potencial de crecimiento económico.
Sumado a este factor de caída nacional de las transferencias coparticipables, Formosa integra el grupo de provincias de baja densidad poblacional, junto a Catamarca, Tierra del Fuego y Santiago del Estero, entre otras, que requieren una mayor inversión por habitante para garantizar igualdad en el acceso a los servicios básicos. Se trata de un criterio histórico del federalismo fiscal argentino, y no de un privilegio reciente. El propio IARAF lo resume con claridad: “bajos ingresos y baja densidad = mayor asignación per cápita”.
Algo que desde el 2023 se viene reduciendo en términos reales (sacando el efecto de la inflación); en cuanto al envío de fondos nacionales per cápita, en octubre de este año hubo una baja del 6,35% en comparación con octubre del 2023. Y si se toma como punto de comparación las transferencias acumuladas enero-octubre 2023 a enero-octubre 2025, arroja como resultado una caída del 11,82% de ingreso per cápita.
Según datos elaborados en base al INDEC y al Ministerio de Economía de la Nación, en octubre de 2025 hubo una baja del 5,06% si se lo compara con el mismo mes de 2023, y si se toma como período los primeros 10 meses de este año respecto de hace dos años, la caída de la coparticipación llega al 10,6% ($200.297 millones).
Además de la baja en la coparticipación, la Nación paralizó el mantenimiento de las rutas nacionales incumpliendo incluso una orden judicial que ordenaba repararlas, poniendo en riesgo la vida de los conductores y dificultando la actividad económica, que precisa de caminos en buen estado para trabajar a diario. Incluso se dejó de enviar vacunas contra el COVID-19, por lo que el sistema de salud provincial debe responder en medio de un aumento de casos.
Si se suman las transferencias automáticas, coparticipación y no automáticas la pérdida supera los $450 mil millones, de aquí se desprende la deuda que Nación tiene con la Caja de Previsión que acumula más de $210 mil millones. En suma, si se toman las transferencias totales, la provincia recibe menos que hace dos años.
Frente a estos recortes, con recursos propios la provincia no solo paga sueldos a los pasivos (a quienes, por ley provincial, les corresponde el 82% móvil), sino que los comedores escolares siguen funcionando todo el año (pese a que Nación dejó de enviar fondos), más de 20 mil familias aborígenes reciben su módulo alimentario todos los meses gracias a que Formosa lo abona, al igual que el Incentivo Docente y Conectividad que fueron absorbidos para los sueldos de los educadores y tuvieron un aumento de 55%.
Asimismo, la gestión de Gildo Insfrán inauguró más de 130 obras en lo que va del año, muchas de las cuales son obras paralizadas por la Nación y que tienen que ver con servicios esenciales, como el acceso al agua, o bien con la primera infancia (Centros de Desarrollo Infantil) y escuelas.
Estas obras incluyen a las financiadas históricamente por el Tesoro Provincial y a otras que Nación dejó de sostener obligando a la provincia a cubrirlas con recursos propios. Asimismo, se otorgó un aumento salarial a la Administración pública del 55% en el año, el cual es el más alto del país, superando el 17% otorgado por la Nación y el IPC de referencia.
