A través de un comunicado institucional, el Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia de Formosa expresa su profunda preocupación ante la presentación de un proyecto de ley en el Senado de la Nación, mediante el cual se propicia la intervención federal de la provincia.
Frente a dicha presentación, explican, en primer lugar, que la intervención federal constituye uno de los institutos más graves previstos por la Constitución Nacional, en tanto implica la suspensión transitoria de la autonomía provincial y la alteración del normal funcionamiento de sus instituciones. Por tanto, su aplicación se encuentra reservada a supuestos absolutamente excepcionales, claramente delimitados por el artículo 6 de la Constitución Nacional, y debe ser interpretada con criterio restrictivo.
En este contexto, consideran que “resulta imprescindible señalar que la provincia de Formosa ha llevado adelante, en ejercicio pleno de su autonomía, una reforma constitucional que eliminó la reelección indefinida, adecuando su ordenamiento a los principios de periodicidad y alternancia propios del sistema republicano. Dicha modificación, adoptada incluso con anterioridad al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, evidencia de manera clara la capacidad del sistema institucional provincial de revisar, corregir y perfeccionar sus propias normas dentro del marco democrático”,
En consecuencia, “no se advierte en la actualidad la configuración de los extremos exigidos por el artículo 6 de la Constitución Nacional”, así como también “no se verifica una situación de alteración efectiva del orden republicano, ni la imposibilidad de funcionamiento de los poderes públicos, ni la inexistencia de vías institucionales para canalizar eventuales conflictos”, enfatizan.
Por el contrario, subrayan que “las instituciones provinciales se encuentran en pleno funcionamiento, con vigencia del orden constitucional y de los mecanismos democráticos que garantizan la participación y el control ciudadano”, por consiguiente, advierten que “la promoción de la intervención federal en este contexto no sólo carece de sustento jurídico suficiente, sino que además importa un riesgo institucional significativo”, ya que “la utilización de un instituto excepcional como herramienta de debate político desnaturaliza su finalidad y compromete principios estructurales del sistema constitucional argentino”.
Continuando con el comunicado institucional, enfatizan en que “el federalismo, como forma de organización del Estado, exige el respeto irrestricto a la autonomía de las provincias. Su debilitamiento mediante interpretaciones extensivas o forzadas de los mecanismos de excepción afecta directamente el equilibrio institucional y la calidad democrática”.
La intervención federal, en conclusión, no puede ser concebida como una herramienta de oportunidad política ni como un recurso para canalizar desacuerdos institucionales, sino que “su procedencia se encuentra estrictamente condicionada a situaciones extremas que, en el caso de la provincia de Formosa, no se encuentran configuradas”, recalcan.
Además, el respeto por la Constitución Nacional, el fortalecimiento del federalismo y la vigencia del Estado de Derecho “imponen rechazar toda iniciativa que, sin fundamento jurídico suficiente, pretenda alterar el normal funcionamiento de las instituciones provinciales”, agregan.
Y finalmente reafirman que “la solidez institucional se construye dentro del marco constitucional, nunca por fuera de él”.
