El Consejo de la Abogacía manifiesta, en una declaración firmada por sus máximas autoridades, su firme rechazo al pedido de intervención federal a la provincia de Formosa presentado por un senador nacional.
Este lunes 27, el Consejo de la Abogacía emitió una declaración a través de la cual sus máximas autoridades expresan “la intervención federal es una herramienta de carácter excepcional y subsidiario, no un mecanismo ordinario de control político”.
En la declaración se indica que la Constitución Nacional establece en su artículo 1° la forma federal de Gobierno y en su artículo 5° garantiza a las provincias el dictado de sus propias Constituciones y la organización de sus poderes sin intervención del Gobierno federal, salvo los casos expresamente previstos en el artículo 6°.
También se indica que en la provincia de Formosa “no se advierten elementos objetivos que acrediten la cesación del funcionamiento de los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo ejerce sus funciones, la Legislatura sesiona conforme a sus atribuciones y el Poder Judicial continúa impartiendo justicia con su estructura institucional vigente”.
Y agrega que “la existencia de disensos políticos o de reclamos sectoriales no configura por sí misma una causal de Intervención, pues ello es inherente al juego democrático dentro de un Estado de Derecho”.
Por tanto, se enfatiza que el remedio institucional frente a eventuales irregularidades o conflictos “debe buscarse dentro del propio sistema provincial, a través de los controles y equilibrios previstos en su Constitución”, marcando que la intervención federal por fuera de los supuestos constitucionales “altera el equilibrio del federalismo, vulnera la autonomía provincial y debilita la confianza ciudadana en las instituciones”.
Es por ello que, “en defensa del Estado de Derecho, de la división de poderes, del principio federal y de la autonomía provincial”, desde el Consejo se “insta a que cualquier controversia sea canalizada por las vías legales, institucionales y democráticas correspondientes”, y se añade que “los disensos políticos, propios de toda democracia plural, no se resuelven mediante la suspensión extraordinaria de las instituciones provinciales, sino a través del debate público, la participación ciudadana y, en definitiva, del veredicto soberano de las urnas”.
Dejan en claro que la intervención federal “no puede ser utilizada como herramienta de disputa política ni como atajo frente a diferencias partidarias o sectoriales”, advirtiendo que su empleo, “por fuera de los supuestos estrictamente previstos por la Constitución Nacional, importaría una grave alteración del sistema federal, un debilitamiento de la autonomía provincial y un precedente institucional inadmisible”.
Por tales razones, desde el Consejo de la Abogacía se rechaza categóricamente “todo intento de intervención federal que no encuentre sustento objetivo, constitucional y excepcional, y reafirma que la estabilidad institucional, la vigencia de las autoridades legítimamente constituidas y el respeto por la voluntad popular constituyen pilares esenciales e irrenunciables de la República”.
