El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa, habló sobre la “gran incertidumbre” que existe en el sector de la construcción luego del triunfo presidencial de Javier Milei y sus intenciones de virar de la obra pública a la “iniciativa privada”.
El esquema de Participación Público Privada (PPP) al que hace referencia se implementó en la década de los ‘90 y significa que el Estado le otorga la facultad al empresariado de llevar adelante una obra de infraestructura a cambio del usufructo de un bien mediante concesiones.
“Hasta ahora, las declaraciones que ha hecho el presidente electo van en esa dirección y han ocasionado una gran incertidumbre en todo lo que es la industria de la construcción y las empresas constructoras”, advirtió en testimonios recabados por AGENFOR.
En ese sentido, al preguntar “qué va a pasar con todas las obras a lo largo y ancho del país”, apuntó que la semana pasada se realizó una reunión del Consejo Vial Federal, donde “todas las provincias, independientemente de su color político, manifestaron su gran preocupación por los efectos que ya se están viendo en las jurisdicciones provinciales, donde las empresas están tomando sus recaudos, paralizando obras y despidiendo a trabajadores”.
Y lamentó que ello repercute en lo circundante, como la venta de materiales, maquinarias e insumos. “Todo lo que está asociado a la construcción tiene una gran incertidumbre y lo más preocupante es el empleo en el país de casi 300 mil personas que no sólo son ellas, sino sus familias”, hizo notar.
“Están a la expectativa del 10 de diciembre, cuando asuma este nuevo Gobierno”, marcó el funcionario.
En resumen, “están esperando si se ratifican esos dichos (que se hicieron en la campaña) porque vemos que hay declaraciones que se vuelven para atrás y se hacen cambios de ideas y proyectos”, de modo que se aguardan “las directivas que dé el nuevo equipo que se va a instalar en la Casa Rosada y cómo va a manejar el Ministerio y la Secretaría de Obras Públicas”.
En esa línea, respecto de llevar todas las obras públicas a la inversión privada, planteó que “es muy vidrioso”, ya que “si se van a ejecutar con una propuesta ‘a la chilena’, como se ha manifestado, se le dará a un privado la ejecución de una obra y después se hará la recuperación de esa inversión con concesiones a 20, 30 o 35 años, lo cual sabemos que es factible en determinado tipo de obras con gran movimiento en la parte vial, como autopistas con densidad de tránsito que puedan justificar el recupero”.
De manera que “haciendo un análisis técnico, económico y financiero, las tasas de recupero no dan”, no son factibles para materializar obras en lugares alejados de los centros urbanos, razón por la cual “tiene que estar presente el Estado en la conectividad vial, en las obras de saneamiento, la construcción de plantas de agua potable y las redes de cloacas”, acentuó.
“Ningún privado va a invertir en esas obras –dejó en claro-. Es ahí donde el Estado tiene que estar presente y el privado está para otro tipo de obras, como puede ser una concesión en una autopista, donde la densidad de población da en las grandes ciudades”.
Por el contrario, “en la mayoría de las provincias de nuestro país, ese sistema es inviable y ya se ha visto anteriormente que no ha dado resultados”, clarificó.
Subrayó a esta Agencia el titular de la DPV que en Formosa “actualmente estamos con la ejecución de 160 kilómetros tanto en rutas provinciales como nacionales”, puntualizando que “tenemos 40 kilómetros de la Autovía de la Ruta Nacional 11 desde Tatané hasta Mansilla y siete kilómetros desde la Virgen del Carmen hasta la intersección con la Ruta Nacional 81”.
Además, “78 kilómetros de la Ruta Provincial 23, 30 kilómetros de la Ruta Provincial 6 y 8,5 kilómetros de la Ruta Provincial 8”, significando que “son todas obras que se ejecutan en convenio entre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Gobierno de Formosa, que hoy están pendientes de cuáles sean las decisiones del nuevo Presidente”.
En éstas ya se avanzó en varios ítems como en la tarea previa del desboque y el saneamiento de los suelos de la base de asiento. Además, se suman los terraplenes con compactación especial y la construcción de alcantarillas y alambrados, entre otros.
“Hasta hace poco veníamos con un avance importante en estas obras y hoy estamos expectantes a ver qué pasa con esta resolución”, suscitó.
Y prosiguió: “No quiero ser pesimista, pero de acuerdo a las declaraciones y lo que estamos viendo en cada entrevista, no hay financiamiento para la obra pública y se tendrán que encargar los privados, que deberán ver cómo la financian. Sabemos que eso es algo inviable y que no dio resultados; inclusive países que se toman como ejemplo –como Chile- lo aplican en determinado tipo de obra donde da resultados, pero no en todas, ya que hacen muchísimas con inversión del Estado, es decir públicas”, finalizó.
