El dirigente de Causa Provincial en la ciudad capitalina, Daniel Majda se refirió al mega decreto presidencial y sus implicancias en el contexto actual.
En principio, señaló que “la seguridad jurídica es un principio del derecho universalmente reconocido que se refiere a la certeza en la aplicación de las normas legales, lo cual implica la firmeza en el conocimiento de lo que está permitido o prohibido”.
Asimismo, comentó que “históricamente, en Argentina, la derecha ha utilizado este concepto para explicar por qué el país no resulta atractivo para las inversiones extranjeras bajo ciertas reformas legislativas”.
En tal sentido, dijo que “se argumenta que la incertidumbre en las reglas de juego desalienta las inversiones, atribuyendo esta situación al campo nacional”. Tomando como ejemplo, cuando se imponen multas por trabajo no registrado, se subsidian tarifas o se regula el precio de bienes o servicios esenciales.
Al mismo tiempo, remarcó qué “frente al contenido del reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Milei, el cual constituye una extensa normativa guiada por una matriz desreguladora que elimina la intervención del Estado en diversas actividades económicas, surge la pregunta de por qué la seguridad jurídica no fue tema de un intenso debate mediático”.
En esa línea, expuso que “la respuesta es clara: solo las medidas que transfieren recursos a los sectores mayoritarios e históricamente más débiles, como la clase obrera, como ocurre cada tanto en el campo nacional y popular, generan inseguridad en el país, según vociferan ciertos grupos o sectores de la economía”.
Además, indicó que “esto no ocurre cuando se realizan cambios sorpresivos y abruptos en un complejo conjunto de normas, que incluyen la instauración del bimonetarismo, la liberación de tarifas y precios, el desfinanciamiento de sindicatos, la reforma del Estado, la modificación de normas laborales, aduaneras, constitucionales (como el derecho de huelga), civiles y comerciales, así como de las obras sociales”.
“En resumen, solo cuando los ingresos mejoran aparece el fantasma de la inseguridad jurídica que desalienta las inversiones, no así cuando se ajusta o empobrece a las familias. En ese caso, se considera que se está en el buen camino del progreso, una narrativa que ya es conocida y que ahora se presenta en un formato inflexible”, finalizó.
